Luisa González defiende a RC: “No hemos recibido nada de Venezuela ni de carteles”
Militantes y asambleístas del movimiento cuestionan diligencias del caso ‘Caja Chica’, mientras la Fiscalía investiga presunto lavado de activos

Luisa González se pronunció tras allanamientos en Guayas y Pichincha.
Con consignas contra lo que califican como persecución e injusticia, asambleístas y simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana (RC) se congregaron este 28 de enero de 2026 en su sede política, en Quito, para rechazar los allanamientos ejecutados por la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro del denominado caso Caja Chica.
Durante el pronunciamiento público, los dirigentes aseguraron que continuarán con las labores de fiscalización y denunciaron un uso político de los procesos judiciales impulsados por el Ministerio Público.
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Allanamientos en Pichincha y Guayas
En la madrugada, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, realizó registros simultáneos en cuatro inmuebles, tres ubicados en la provincia de Pichincha y uno en Guayas.
Las diligencias forman parte de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionada con el supuesto financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2023. Según la FGE, existen indicios de que fondos ilícitos provenientes de Venezuela habrían ingresado al país con ese propósito.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han difundido mayores detalles del proceso investigativo.
Vivienda de Luisa González entre los inmuebles registrados
Uno de los inmuebles allanados fue la vivienda de Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana. A su llegada al lugar, la dirigente afirmó que ser investigada por la Fiscalía representa un “honor” y sostuvo que su trayectoria política demuestra que siempre ha enfrentado los procesos de manera frontal.
González recordó que en 2024 desafió públicamente al presidente Daniel Noboa a presentar pruebas sobre un supuesto financiamiento vinculado al llamado “cartel de los soles”, reto que —según indicó— nunca obtuvo respuesta.

Allanan casa de Luisa González en la madrugada: caso Caja Chica.
La exaspirante a la Presidencia negó de forma categórica cualquier vínculo con recursos ilegales. “Ni yo ni la Revolución Ciudadana hemos recibido dinero de Venezuela, del cartel de los soles ni de ninguna otra fuente ilícita”, afirmó.
Añadió que su organización fue la única fuerza política que presentó oportunamente los informes de financiamiento de campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), a diferencia de otros movimientos que, según dijo, no cumplieron con esa obligación.
González también puso en duda los criterios de la Fiscalía para ejecutar los allanamientos. Señaló que la investigación se refiere al financiamiento de una campaña en la que fue candidata, pero cuestionó si las diligencias se realizan por su condición de postulante o por haber presidido el partido.
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“Si yo era candidata, no administraba los recursos del movimiento. En ese periodo, la presidenta era Marcela Aguiñaga. ¿Existe algún proceso en su contra?”, preguntó, al sostener que se trata de una persecución selectiva.
Patricio Chávez denuncia exposición y vulneración de derechos
Otro de los dirigentes que se pronunció fue el asambleísta Patricio Chávez, cuyo domicilio y oficinas también fueron allanados dentro de la misma causa por lavado de activos.
El legislador aseguró que permitió el ingreso de las autoridades y se mostró dispuesto a colaborar con la investigación. Sin embargo, denunció que no se le explicó de manera clara el motivo de la diligencia y criticó que, pocos minutos después, imágenes del operativo —incluidas fotografías suyas en ropa interior— fueran difundidas en redes sociales institucionales.
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Chávez afirmó que la difusión de ese material responde a un intento de generar morbo y no a la búsqueda de la verdad. Agregó que, al no encontrar elementos relevantes en el inmueble, los agentes intentaron retener su pasaporte y los de su esposa e hijos, una medida que calificó como desproporcionada y violatoria de derechos.
El asambleísta reiteró que no tiene nada que ocultar y exigió que las investigaciones se realicen con respeto al debido proceso y a la dignidad de las personas involucradas.