Ley de Amnistía en Venezuela: alcances, limitaciones y aplicación para los presos políticos
Varias ONG defensoras de derechos humanos cuestionaron que se presente la medida como un perdón, porque asume a los detenidos como culpables de delitos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Venezuela inició un proceso de distensión política tras la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Esta normativa, compuesta por 16 artículos y promovida bajo la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, se presenta como una herramienta para "reparar las heridas" de la confrontación nacional.
Pese a su implementación técnica, revela una serie de filtros y condiciones que definen quiénes podrán realmente cruzar la puerta de las prisiones. Mientras, el gobierno venezolano plantea que con esta ley busca establecer la "paz nacional".
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Puntos clave de la nueva normativa
- La amnistía cubre eventos específicos vinculados a protestas y crisis electorales en años clave: 2002, 2004, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025.
- No todos los procesados califican. Quedan fuera aquellos vinculados a acciones armadas de fuerza y, específicamente, quienes enfrentan condenas por la "rebelión militar" de 2019.
- La ley extingue la acción penal, pero tiene límites claros: no devuelve bienes incautados, no levanta inhabilitaciones políticas para ejercer cargos públicos ni anula sanciones previas contra medios de comunicación.
- Aunque permite que abogados tramiten la solicitud para exiliados, la ley exige la comparecencia personal en territorio venezolano para que el beneficio se haga efectivo.
- Solo aplica para personas que hayan cesado por completo la ejecución de los actos considerados delitos por el Estado.

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Mecanismo de aplicación: ¿un beneficio automático?
La ley establece un procedimiento judicial que requiere la participación activa del interesado:
- Solicitud: El beneficiario, su defensa o el Ministerio Público deben pedir formalmente el sobreseimiento de la causa ante los tribunales.
- Evaluación Judicial: Los jueces analizarán caso por caso para verificar si se cumplen los supuestos de la ley.
- Plazo de Respuesta: Los tribunales disponen de 15 días para emitir un veredicto sobre la solicitud.
- Efectos Jurídicos: De ser aprobada, se eliminan registros policiales, antecedentes y se cancelan solicitudes de extradición o medidas de coerción personal.
A pesar del anuncio, organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen una postura de vigilancia. Denuncian que la ley asume una narrativa en que la víctima es tratada como delincuente al exigirle "cesar en el delito".
Además, persiste la preocupación por más de 50 personas en situación de desaparición y las dificultades crónicas para acceder a expedientes y defensas privadas en el sistema judicial venezolano.