Un informe expuesto en Ginebra por la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de la ONU reveló casos de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y muertes bajo custodia en Venezuela tras los comicios de 2024. Según el documento, que analiza hechos ocurridos entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, se trató de una estrategia planificada para silenciar voces críticas.

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El informe destaca que “no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes internacionales”, por lo que la única esperanza de justicia para las víctimas recae en la comunidad internacional. La presidenta de la Comisión, Marta Valiñas, afirmó que las investigaciones confirman la continuidad de “el crimen de persecución por razones políticas” en el país.

Crímenes contra menores y desapariciones forzadas

Entre los hallazgos más graves, la ONU registró 220 detenciones arbitrarias de adolescentes entre 12 y 17 años en el periodo analizado: 187 niños, 22 niñas y 11 personas cuyo género no se determinó. A esto se suman 30 casos de posible desaparición forzada, de los cuales 12 cumplen con la definición estricta del delito, afectando a seis hombres, dos mujeres y cuatro menores de edad.

El informe también registró 25 muertes en el marco de las protestas postelectorales. Entre las víctimas hubo dos menores de edad, además de cinco fallecimientos bajo custodia y tres casos vinculados a negligencia estatal por falta de atención médica. La Misión concluyó que no existe evidencia que relacione estas muertes con líderes opositores, desmintiendo así las acusaciones del gobierno.

Torturas, violencia sexual y represión sistemática

La ONU también denunció el uso de torturas, tratos crueles e inhumanos contra detenidos, incluyendo descargas eléctricas en genitales, desnudez forzada y amenazas sexuales. En total, se documentaron 22 casos de violencia sexual y de género en seis estados, con víctimas que incluyen mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad. Entre los patrones detectados figuran sexo transaccional coercitivo y posibles actos de esclavitud sexual.

El informe también destaca un aumento notable de la represión hacia la prensa. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se reportaron al menos 18 detenciones arbitrarias de periodistas sin mandato judicial. Según Espacio Público, en 2024 se documentaron 99 arrestos de comunicadores, un alza del 254 % frente a 2023. Al momento de la presentación del informe, 11 periodistas permanecían presos, junto con tres activistas políticos.

Uso de fuerza letal y responsabilidad estatal

El informe reveló que en las protestas de Maracay, estado Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y de la 99ª Brigada del Ejército usaron munición real contra manifestantes, provocando la muerte de seis personas. 

Una de las víctimas recibió un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia. Pese a la gravedad de los hechos, la Fiscalía venezolana no ha presentado avances en las investigaciones y desde el inicio eximió de responsabilidad a los cuerpos de seguridad, atribuyendo las muertes a la oposición.

“La investigación ha revelado lo contrario y, hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”, sostuvo Marta Valiñas. La Misión insistió en que los hallazgos constituyen crímenes internacionales y reiteró que el patrón de represión en Venezuela sigue vigente en 2025. Para la ONU, la única vía para que las víctimas obtengan justicia es la presión y la acción decidida de la comunidad internacional.

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