Ha sorprendido a gran parte de la ciudadanía ecuatoriana la decisión de la Fiscalía de reformar los cargos en el proceso judicial que se sigue por el incendio que sufrió el edificio de la Contraloría (que aún no había sido entregado oficialmente al Estado) durante los días en que, aprovechando la movilización indígena en octubre pasado, grupos vandálicos lo invadieron y destruyeron aparatos electrónicos donde estaban registrado importantes testimonios que demostraban los actos de corrupción durante el régimen pasado.

Esta decisión de la Fiscalía determina que no se puede calificar dicho incendio como un acto provocado por el terrorismo, y presentan la figura jurídica mediante la cual juzgarán y sancionarán a los vándalos solo por el delito de paralización de servicio, lo cual implica una notable rebaja de las penas de prisión y las complementarias multas.

Diversas opiniones de especialistas en Derecho se han dejado oír con motivo de la extraña decisión que cambia la naturaleza y la calificación de tan grave delito, sobre todo ante la sospecha de que este ataque estuvo planificado de antemano por correístas implicados en los graves hechos de corrupción con muchas pruebas en su contra que no pueden desvirtuarse.