En el Ecuador no existen personas discapacitadas o minusválidas. Esos términos son considerados peyorativos y/o discriminatorios.

El artículo 47 de la misma Carta Magna dice: “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social”. Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a: 1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para quienes requieran tratamientos de por vida.

2. La rehabilitación integral y asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas.

3. Rebajas en servicios públicos y privados de transporte y espectáculos.

4. Exenciones en el régimen tributario.

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.

6. Una vivienda adecuada, con facilidad de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana.

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones.

8. Atención psicológica gratuita especialmente en los casos de discapacidad intelectual.

9. El acceso a mecanismos y medios alternativos de comunicación.