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Opinión
¡Justicia para Édison Cosíos!
La historia de Édison Cosíos revela la indolencia con la que se tratan los temas jurídicos y sociales en este país. Su madre Vilma Pineda lo sufre en carne propia al tener que mendigar diariamente la ayuda gubernamental para sobrellevar la situación física del joven, quien permanece en estado vegetativo, tras ser golpeado en la cabeza por una bomba lacrimógena durante una protesta estudiantil en Quito, el 15 de septiembre de 2011.
Debido al estado de indefensión en el que se encuentran, los padres del joven han tenido que demandar al Estado, que no ha sabido satisfacer sus necesidades básicas, al punto de que hasta podrían perder el bono Joaquín Gallegos Lara con el que sustentan el hogar.
Vilma ha sido su ángel de la guarda y hasta renunció al trabajo para poder cuidar a su hijo, pese a que sus gastos sobrepasan los dos mil dólares mensuales por la compra en el extranjero de medicinas que no constan en el cuadro del Ministerio de Salud. Ahora resulta que el Tribunal Contencioso Administrativo no aceptó la queja por considerarla extemporánea. Casos como estos no merecen la indiferencia de las autoridades, que deben velar porque Édison reciba la atención médica que se merece. Pero este no es el primer escollo que la familia Cosíos ha tenido que sortear en este camino de espinas. El responsable de que Édison se encuentre en esta penosa situación es el teniente de policía Hernán Salazar, condenado a cinco años de prisión y al pago de cien mil dólares de indemnización, dinero que, según la madre, aún no reciben. ¿Quién protesta por ello? ¿Hasta cuándo tanta humillación?