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Diario Extra Ecuador

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La muerte de una joven de 19 años en manos de un sujeto que se hacía pasar por ginecólogo, y a quien acudió para realizarse un aborto clandestino, no debería pasar desapercibida. Se trata de un drama al que se enfrentan cada día decenas de mujeres en el Ecuador y que no parece tener una solución. Las campañas preventivas del embarazo adolescente no han dado los frutos que se esperaban, mientras que los sitios ilegales donde se realizan estas prácticas parecen proliferar en el país. El número de fetos encontrados en la basura revelan una dura realidad y la falta de educación sexual nos está pasado factura. Ante la evidencia, es imposible no reaccionar con indignación porque el Estado se mantiene ajeno a los problemas que atañen a los jóvenes, que deben enfrentarse solos a sus dilemas familiares en una sociedad machista y llena de prejuicios. Todo esto pese a que el aborto es considerado un delito, según el Código Orgánico Integral Penal, salvo en casos que representen un peligro para la vida de la madre y cuando el embarazo sea consecuencia de la violación de una mujer que padezca discapacidad mental. Cabe preguntarnos si el carácter punitivo de la ley es suficiente para evitar que las adolescentes pongan en riego sus vidas. La educación en los hogares y en las escuelas y colegios podrían evitar tantas muertes por esta causa. La experiencia ha demostrado que el silencio o el castigo no son los caminos idóneos para enfrentar el problema, en un país que prefiere no debatir el tema y mirar a un lado, en lugar de plantarle la cara a la tragedia.

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