El Ecuador, un país con un clima estable a través del año, que dispone de varias cuencas hidrográficas, de suelos aptos para la agricultura y con un gran potencial humano para trabajar la tierra, no ha sabido aprovechar estas ventajas para hacer que la agricultura genere riqueza y dé plazas de trabajo para millones de personas.

Según el Banco Central del Ecuador, el sector agropecuario representa el 23% de la población económicamente activa, pero solo contribuye con un 9% al PIB. De hecho, la agricultura ecuatoriana enfrenta cambios tecnológicos significativos, que generan impactos negativos en los aspectos económicos, sociales y ambientales, como es la importación creciente de alimentos, falta de seguridad, pobreza rural, etc.

El país debe desarrollar sistemas de producción agropecuaria reproductibles, ahorrativos de insumos costosos y de gran valor agregado biológico. En la actualidad nos encontramos en presencia de un agronegocio que necesita ser competitivo para articularse eficientemente con el mercado externo. A través de los negocios inclusivos se busca la vinculación de los pequeños productores con las empresas ubicadas en los territorios, para asegurar un mercado estable para sus productos y mejorar los ingresos y el bienestar de las familias campesinas.

La implementación de una nueva ley orgánica de fomento agropecuario desmontaría la visión sectaria y primitiva que tiene la actual ley. Necesitamos crear las condiciones para que el sector agropecuario pueda ser competitivo en los mercados internacionales, pero eso solo se lograría buscando excelencia, calidad y sustentabilidad económica para la producción.