La legislación penal ecuatoriana ha tenido importantes procesos de modernización y cambio. Unos para bien y otros no tanto. Sin embargo, la mayoría de los juristas está de acuerdo en que los códigos y leyes de este ámbito debían de tener las transformaciones de los legisladores.

Pese a esto, aún la ciudadanía y la sociedad se pregunta por qué y cómo en algunos ámbitos del cometimiento de diferentes tipos de delitos, la legislación y normatividad para sancionar a autores, cómplices y encubridores tiene singulares formas de expresión y sanción, pues en esos códigos, articulados y capítulos aún hay situaciones muy curiosas que llaman la atención.

Por ejemplo, es el caso de quienes planifican y ordenan cometer un delito, como un secuestro y donde los brazos ejecutores de ellos confiesan su culpa, sin embargo, los “jefes” no pueden ser juzgados en ausencia.

La ciudadanía se pregunta respecto al conjunto de disposiciones penales en las cuales se ampara el expresidente Rafael Correa y el exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero. Es una singular forma de juzgar un dolo probado. Los que cumplieron esas decisiones serán llevados a juicio y sentenciados y los culpables no confesos van libremente por el mundo.