Editorial

Una consulta  inconsulta

Hace ya algunos meses,  un importante sector ciudadano de Guayaquil pidió al Consejo Nacional Electoral que lleve a cabo una consulta en esta ciudad para decidir sobre el pedido de aumento de 5 centavos al pasaje en los vehículos de transporte urbano, considerándose que el valor que pagan los usuarios  no ha sido revisado desde hace varios años, a pesar del aumento del costo de la vida y la consecuente inflación. El CNE informó que dicha consulta tendría un costo de algo más de 6 millones de dólares, lo que venía a significar, sin duda, un gasto más que oneroso que en las actuales  situaciones de emergencia, y ante la prioridad de reconstruir la zona afectada por el sismo del 16 de abril, no nos podemos permitir.
 Y es así como con un criterio de solidaridad  y sensatez, ante la realidad económica nacional, los propulsores  de este pedido, entre los cuales se encuentra el propio Municipio porteño, han decidido acogerse mejor a los resultados del 21 de los sondeos de opinión para tomar una resolución al respecto.
Este aumento del valor de pasaje, si se hace realidad, permitirá exigir a los empresarios del transporte mejorar las unidades que están ahora al servicio de los usuarios.



“La culpa es de la vaca...”

El terremoto último soportado por la zona costanera del Ecuador, de manera especial por Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y Guayas, es motivo más que suficiente para meditar  en lo frágil que es la vida, en lo poco o casi nada que sirven el poder y el dinero ante la arremetida de la naturaleza que castiga por igual a pobres y ricos. Lo que hay que considerar, una vez que pasamos el susto, es que la destrucción de  casas y edificios no es culpa del terremoto, sino de las malas construcciones. Y esto se debe a innumerables factores de los que “todos y todas” somos corresponsables por igual.
En estos momentos los “analistas criollos” se han dado a la tarea de encontrar culpables a todo el mundo: a las municipalidades, a los propietarios que las hicieron “a la maldita sea y a ojo de buen cubero”, a los ingenieros que no calcularon bien la estructura de la obra. Y así por el estilo. Juan Pueblo se pregunta ¿qué se va a ganar con estas inculpaciones? ¿Acaso somos tan ingenuos para creer que se van a establecer responsabilidades penales o civiles para persona alguna cuando los edificios han desaparecido y como consecuencia de ello no habría cómo hacer la “reconstrucción de los hechos”?
Dejémonos de decir que la “culpa es de la vaca” y respetemos las ordenanzas de construcción; que sean profesionales entendidos en la materia quienes hagan estas construcciones. Dejemos de llorar sobre la leche derramada, y de echarle siempre  “la culpa a la vaca”. (BLC)