El silencio es la forma que han encontrado los funcionarios públicos y las autoridades de todos los niveles de gobierno, y de todas las funciones del Estado, para eludir la responsabilidad de responder por sus actos y el uso de los recursos públicos, que son de todos los ecuatorianos. Para muestra un botón...

El manejo poco eficiente de los préstamos en la Corporación Financiera Nacional, con la entrega del dinero sin garantías y el debido proceso por más de $ 700 millones, deja clara la manera de actuar de los responsables de esa institución crediticia, que se niegan a entregar los nombres de los deudores, como si se tratase de recursos privados. Igual ocurre con el Banco del Pacífico. ¿Y quién responde aquí?

Los crímenes en la Zona 8 (Guayaquil, Samborondón y Durán), con colgados, descuartizados y explotados con dinamita, no hacen reaccionar a los asambleístas, ni siquiera a los de la provincia del Guayas, más preocupados por repartirse la troncha en la Asamblea Nacional que por la seguridad de la población.

La apatía no solo es de las autoridades, sino de los ciudadanos, que no reaccionan ante los atropellos y la rampante corrupción que arrasa con las arcas fiscales y, por consiguiente, con los impuestos que pagan los contribuyentes.

El pueblo debe reaccionar ante tanto silencio y exigir rendición de cuentas y sanciones para los corruptos. Nos ‘llevan en peso’ hacia el abismo, pero los ecuatorianos están ‘dormidos’. O quizá cansados de pelear.