Editorial: Hay que respetar la voluntad popular

El miércoles pasado el presidente Lenín Moreno se reunió con su gabinete ampliado que incluía no solo a los ministros de Estado, sino también a los funcionarios de los organismos de control, con el objeto de tratar sobre el resultado positivo de la Consulta Popular y la necesidad de la mayoría nacional que trata de ser cuestionada por organismos internacionales, sobre todo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual la OEA le remitió el problema.

El Primer Mandatario ha sido contundente al declarar que se trata de una “insolente intromisión”, es decir términos que coinciden con lo expresado en el pasado por su antecesor, Rafael Correa, cuando ostentaba el poder, y que, paradójicamente, ahora el exmandatario recurre a los organismos a los cuales les había negado todo derecho de “inmiscuirse en lo que atañe a la soberanía nacional del Ecuador”.

Y es que el CIDH había sugerido, sobre todo, tomar medidas cautelares en lo que se refiere a los resultados de la tercera pregunta que tiene que ver no con la derogatoria del Consejo de Participación Ciudadana, sino con severas reformas para lograr su auténtica autonomía y que no dependa del Ejecutivo.