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Editorial: ¿Y los responsables?
10 de octubre, 2020
En la primera quincena de octubre de 2019, es decir, hace un año, se produjeron violentos incidentes en varias ciudades del país, especialmente en Quito, donde se incendió el edificio de la Contraloría General de la Nación. Y todo se originó en protesta por el alza del precio de los combustibles, decreto presidencial que tuvo que ser derogado pocos días después por el jefe de Estado, Lenín Moreno.
Entre los responsables de los sucesos resaltó el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, quien se atrevió a llamar a la insurrección a las Fuerzas Armadas, cuyo delito de terrorismo motivó una denuncia del exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, enjuiciamiento que no ha pasado de la investigación previa
Mientras tanto, Vargas se paseó muy orondo por varios países de Centroamérica y hasta llegó a declarar que él era algo así como el segundo a bordo de nuestro país, sin merecer algún castigo ejemplar.
La fiscal general, Diana Salazar, abrió 819 expedientes para investigar y sancionar 29 delitos como daño a bienes ajenos, paralización de servicios públicos, robos, terrorismo, etcétera, pero los juicios avanzan con una sorprendente lentitud así como las acusaciones de presunta responsabilidad contra determinadas figuras del correísmo. Mientras tanto el pueblo sigue preguntando ¿quiénes pagarán por los delitos y violaciones a los derechos humanos?
Mientras tanto, Vargas se paseó muy orondo por varios países de Centroamérica y hasta llegó a declarar que él era algo así como el segundo a bordo de nuestro país, sin merecer algún castigo ejemplar.
La fiscal general, Diana Salazar, abrió 819 expedientes para investigar y sancionar 29 delitos como daño a bienes ajenos, paralización de servicios públicos, robos, terrorismo, etcétera, pero los juicios avanzan con una sorprendente lentitud así como las acusaciones de presunta responsabilidad contra determinadas figuras del correísmo. Mientras tanto el pueblo sigue preguntando ¿quiénes pagarán por los delitos y violaciones a los derechos humanos?