Editorial | El sistema penitenciario ecuatoriano bajo la sombra de la arbitrariedad
Traslados a cárceles de máxima seguridad y asesinatos en centros desatendidos ponen en duda los criterios técnicos del SNAI
El sistema penitenciario de Ecuador.
La cárcel no está para ajustar cuentas, sino para rehabilitar. Pero lo que se ve en la práctica va por otro lado. Hay decisiones dentro del sistema carcelario ecuatoriano que no terminan de cuadrar y dejan más dudas que certezas.
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Ahí está el contraste: a un alcalde sin sentencia lo envían a la prisión más controlada del país, incluso con denuncias de obstáculos para que su abogado pueda ejercer la defensa.
Mientras tanto, a un supuesto jefe de sicarios lo mandan a una de las cárceles más peligrosas y desatendidas… y termina asesinado.
El contraste de los traslados: Los casos que no cuadran
La nueva normativa incluye reclasificación de presos, inteligencia penitenciaria, mejoras en infraestructura y trabajo obligatorio para personas privadas de libertad.
Entonces, ¿cómo se explica este trato tan distinto? No parece un tema de protocolos claros ni de criterios técnicos. Más bien da la impresión de que hay otros factores pesando en las decisiones, donde lo político mete la mano.
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Y ojo, aquí no se trata de justificar a nadie. Si el Estado decide trasladar a una persona a una cárcel de máxima seguridad, con el argumento de proteger su vida, también debe garantizar algo básico: que pueda defenderse sin trabas y con respeto al debido proceso. Sin eso, todo lo demás pierde piso.
Al final, lo que debería marcar la pauta es la justicia, sin presiones ni cálculos externos. Que cada caso se resuelva como corresponde y que el sistema penitenciario deje de ser un espacio de castigo con sabor a revancha. Porque así, simplemente, no funciona.