Editorial | ¿Quién vigila a los vigilantes? La urgencia de una depuración institucional
Casos de lavado de activos, abusos y tráfico de combustible dentro de las filas policiales ponen en jaque la autoridad moral del Estado
Lavado de activos, corrupción y más casos dentro de la mismas instituciones en Ecuador.
La lucha contra la delincuencia no puede sostenerse solo en discursos, operativos o estados de excepción. Antes de mirar hacia afuera, el Estado tiene una deuda urgente hacia adentro.
Opinión
Editorial | El desbalance del toque de queda: ¿Control ciudadano o golpe al crimen organizado?
Editorialistas Extra
¿Es coherente combatir el crimen cuando, dentro de las propias instituciones encargadas de hacerlo, surgen casos que golpean su credibilidad?
El inventario de la desconfianza
Caso Lafattoria: recreación de IA sobre un operativo que reveló millonarios movimientos de dinero en investigación por lavado de activos.
En los últimos meses, los hechos no pueden tratarse como aislados. Oficiales señalados por presunto lavado de activos, denuncias de abuso sexual dentro de la Policía y decisiones que evidencian fallas en la cadena de mando. A esto se suman militares detenidos por actuar al margen de sus superiores o incluso vinculados a delitos como el tráfico de combustible.
Cuando quienes deben garantizar el orden se ven involucrados en delitos, el mensaje es devastador. Se rompe la autoridad moral, se debilita la legitimidad de los operativos y surge una pregunta inevitable: ¿quién vigila a los vigilantes? En un país golpeado por la violencia, la depuración interna no puede seguir postergándose.
Combatir la delincuencia exige más que presencia en las calles: requiere instituciones íntegras y capaces de sancionar a los suyos. De lo contrario, cualquier estrategia será frágil y contradictoria. Porque si la casa no está en orden, difícilmente se podrá poner orden fuera de ella.