La Asamblea Nacional, de mayoría correísta, ha dejado de lado una de sus fundamentales tareas que es la fiscalización. Durante “la década ganada” no se llamó a juicio político a ninguno de los funcionarios que debieron ser interpelados y esto a pesar de que habían motivos muy importantes para ese juzgamiento, como es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación que, según las denuncias que conoce el país, tenía más que suficientes razones para llamar a juicio a su titular, Augusto Espinoza.

Los funcionarios públicos de alto nivel que pueden ser llamados a juicio político se han refugiado en una mayoría parlamentaria al margen de los deseos y los razonamientos de una gran cantidad de ciudadanos que aspira a que los organismos del Estado y entre estos especialmente los asambleístas que deben cumplir con los aspectos básicos de su mandato, esto es legislar y fiscalizar.

Cuando parece que se está conformando una nueva mayoría en la Asamblea, se tiene la esperanza de que esa mayoría cumpla con su deber de fiscalizar y no tapar las violaciones a la ley por funcionarios que guardan relaciones políticas y de otro orden con la mayoría anterior que se despojó de uno de los atributos básicos de la función legislativa.