Un impuesto a las utilidades tramitado en la Asamblea Nacional se ha convertido en un serio y grave problema para las empresas que brindan servicio de salud prepagado.

El asunto es que, según lo aseverado por dichas empresas, la Asamblea Nacional confundió ingresos con utilidades, cuando pretendía imponer un tributo a las utilidades y terminó poniéndolo a los ingresos, según lo afirman en un comunicado dichas empresas. Y piden, además, la intervención del Presidente de la República para evitar el colapso de esas empresas que, sin duda, han prestado y prestan un servicio importante a la salud de los ecuatorianos que ocupan sus servicios descongestionando los que brinda el Estado a través del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Si las empresas de salud prepagada tienen razón en lo que afirman, el Jefe de Estado posee la facultad de objetar ese proyecto, si aún no está en vigencia; y poner la objeción total, pues su vigencia causaría un severo daño no solamente a ese millón de personas, sino a los mismos servicios públicos del Estado en el ramo imprescindible de la salud, cuando tiene que atender a tres millones de afiliados y también a otro tanto en el Seguro Social Campesino.