Editorial: Leyes para el archivo

Habiendo cumplido sus primeros cien días de mandato, contando con un apoyo popular que sobrepasa el 70 por ciento, el presidente Lenin Moreno ha dado a entender que está dispuesto, aceptando el pedido de algunos sectores ciudadanos, a convocar una consulta popular en vez de decidirse por una Asamblea Constituyente que implica un proceso más complejo.

En el hecho de pedirle su opinión a la ciudadanía del país entrarían en la temática de la consulta, en primer lugar, suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, que se considera como el ‘quinto poder’. Y a través de ello no solo hacer una nueva selección de las autoridades de control, sino, también, y sobre todo, dejar sin efecto algunas leyes que han merecido el repudio de muchos ecuatorianos. Entre estas leyes están la de Comunicación Social, que los periodistas han calificado como ‘Ley Mordaza’, la de Plusvalía y la de Seguridad Social. También un nuevo sistema de control en las universidades para que un mayor número de estudiantes puedan tener acceso a estos centros de educación superior.

El precio de la consulta popular no puede considerarse costoso si se toma en consideración el alto costo de las libertades que fueron conculcadas con tales leyes.