Han pasado ocho días desde que sucedió lo inexplicable. Una exhibición policial por las fiestas de provincialización de Santo Domingo terminó con la muerte de una adolescente, que recibió un balazo mientras presenciaba el acto en el estadio olímpico tsáchila. Imagino el terror que debieron sentir sus familiares al ver caer ensangrentada a la chica, de 15 años, en medio de la confusión provocada por agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR). Estos usaron balas verdaderas en un simple ejercicio de puntería frente a decenas de personas que, lógicamente, no debieron ser ubicadas en esa parte de los graderíos.

¿A quién se le ocurre disparar municiones reales frente a una tribuna repleta de civiles? No puede ser que el supuesto plan de contingencia no funcionara. Porque los padres de la fallecida aseguran que no hubo ambulancias ni paramédicos que atendieran la emergencia, que debieron golpear varios patrulleros para llevar a su niña a un hospital. Y lo más indignante es que las autoridades ofrezcan investigar el hecho cuando es evidente que, además de los tres agentes implicados, el responsable directo es el que ordenó que los ejercicios se hicieran sin las debidas precauciones.

¿Qué más van a indagar? Porque sería inhumano que se aplique el clásico ‘tontómetro’, con el conocido proceso que dura una eternidad cuando les conviene (caso Pareja Yannuzzelli versus el de Fernando Villavicencio, por ejemplo). El fallecimiento de esta menor de edad debe aclararse sin dilaciones. Que no se piense que el feriado ha congelado el dolor de una familia humilde, que se merece todo el respeto y consideración por parte de la Policía Nacional y del Gobierno. ¡Basta de tomarnos el pelo!