La Seguridad Social es uno de los más importantes derechos de la sociedad ecuatoriana. La Carta Política vigente contiene disposiciones claras y precisas encaminadas a que este derecho sea intangible, no vulnerado por concepto alguno.
Pero en nuestra “República de papel” todo esto se queda solamente en buenas intenciones. La realidad es otra, desgraciadamente. Tan cierta es dicha afirmación, que los afiliados al IESS, que son los legítimos dueños de los valores de esta institución, vieron con angustia infinita cómo el “correato” metió sus garras en los dineros de los afiliados cuando sin base alguna dispuso en el año 2015 que el Estado deje de pagar los aportes para el pago de las pensiones jubilares del IESS.
Luego de una lucha tenaz, la Corte Constitucional ordenó que se repusieran esos valores para que el aporte se haga otra vez desde el año 2019, como lo ordena la ley, pero el Ministerio de Finanzas solamente aportará con una parte de lo que le corresponde. Se necesitan USD 11.241 millones y el Fisco únicamente le va a dar 1.240 millones.
Aparte de todas estas anomalías, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se le han ido cargando mil y una atenciones sin que se hayan determinado los debidos financiamientos. Esto no sucede en los países en donde tienen ventajas los afiliados al sistema de Seguridad Social. El Gobierno de Lenín Moreno debe dar primacía a la clase más necesitada de nuestra sociedad para que pase del discurso a los hechos concretos. (BLC)
