Ante un Estado fallido, incapaz de garantizarle seguridad a la población, los ciudadanos deben tener la posibilidad de ejercer su derecho a la resistencia frente a las acciones u omisiones del poder público, que vulneren o puedan vulnerar lo que establece la Carta Política del Estado.

Los ecuatorianos no deben olvidar que la desobediencia civil es uno de los derechos fundamentales más importantes del ser humano, con el que se puede obligar a las personas naturales o jurídicas no estatales a reconocer nuevos derechos, siempre en procura del bienestar común.

La ciudadanía no puede continuar soportando la desatención gubernamental ante los embates de la delincuencia, sin que el Estado le otorgue las herramientas necesarias para poder defenderse. Lo que está en juego es la tranquilidad y la vida de cada individuo y de sus familiares.

Debería debatirse la posibilidad de que los propietarios de negocios, víctimas de la extorsión delincuencial, o cualquier otra persona natural o jurídica, mediante la tenencia de una arma en su establecimiento o en su casa ejerzan así su derecho a la protección de su integridad. No se puede esperar más ante la falta de reacción de un Estado de derecho que ha fracasado.