La contaminación, la del agua del mar de las playas ecuatorianas con aguas residuales es preocupante, pero mucho más la actitud de las autoridades nacionales y locales que están impávidas ante el desastre sanitario que puede ocurrir por no cumplir con sus obligaciones.

Que los ciudadanos desconozcan la alta infestación de las aguas marinas, por el desborde de las alcantarillas en las inundaciones y el desfogue de las quebradas infectadas de microorganismos, no es un aval para que los ministerios de Ambiente y de Salud se desentiendan del problema y miren hacia otro lado.

Las autoridades gubernamentales y los alcaldes de Playas, Salinas, Santa Elena y otros cantones costeros deben asumir la responsabilidad que tienen de cuidar a la población porque lo que está en riesgo es la salud de los bañistas que, sin saberlo, pueden sufrir graves problemas intestinales y enfermedades dermatológicas, sin que conozcan la causa. La fauna marina, que alimenta al país, también está en un altísimo peligro de extinción y de provocar enfermedades.

Ni quienes viven de la actividad turística ni los que desfogan las aguas servidas en los drenajes de aguas lluvia y en las quebradas van a aceptar que existe contaminación en los balnearios costeños. Pero son las instituciones las que están obligadas a cumplir con el cuidado de las fuentes de agua, el ambiente y la población. Hagan su trabajo.