Es momento de abrir los ojos y reconocer que hay narcopolíticos en el país y que la lucha contra ellos, responsables en gran medida de la violencia criminal desatada en el territorio nacional, debe empezar con un rotundo rechazo en todos los círculos sociales que frecuentan. No puede ser que más importe el éxito financiero que el origen de las fortunas, producto de actos de corrupción, tráfico de drogas o lavado de activos.

Solo la exposición de políticos, jueces y fiscales ante la opinión pública en los diversos casos de corrupción que investiga la fiscal general, han empujado a la sociedad ecuatoriana a preocuparse, a reconocer y a interiorizar la gravedad de la existencia de una narcopolítica al servicio del crimen transnacional, que interactuaba libremente incluso en las más altas esferas sociales.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico y las superintendencias de Bancos y de Compañías tienen que exponer a aquellas instituciones públicas y a las empresas privadas, incluidas las entidades financieras, en que existan sospechas de que han sido utilizadas para limpiar dinero sucio. Tampoco puede haber asambleístas ni servidores públicos que generen la más mínima duda respecto a pertenencia a las mafias enquistadas en todos los poderes del Estado. Con valentía, los ecuatorianos deben denunciarlos.