Las aciones gubernamentales de los últimos meses han bajado en algo el riesgo de que Ecuador enfrente situaciones convulsas, como en su momento las enfrentó El Salvador con la violencia y las pandillas apoderadas de las calles. Sin embargo, estas no han eliminado el peligro, ni tampoco garantizan la consecución de la seguridad integral que tanto necesita el país para dejar de vivir en zozobra.

De la efectividad de las operaciones de la fuerza pública en la lucha contra las extorsiones, la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico después de que acabe el estado de excepción, dependerá la tranquilidad que sientan los ciudadanos y las empresas, que han sufrido por el recrudecimiento de la violencia extrema, la cual obligó a la declaratoria de guerra interna, el toque de queda y la militarización de las cárceles.

Solo una ofensiva sostenida contra las bandas criminales, que incluya una depuración de los malos elementos de los cuerpos de seguridad y del aparato judicial, permitirá recobrar la tan ansiada paz en el territorio nacional. De esta lucha mancomunada no pueden excluirse ni los diversos niveles de gobierno ni los servidores de la justicia, donde han sido detectadas estructuras criminales al servicio de las mafias. ¡El país no suplica, exige que todos podamos vivir en paz!