Reducir el gasto público ineficiente debería ser política de Estado. La angustiosa crisis fiscal que sufre el país hace que este cometido sea impostergable y permanente. No obstante esta necesidad, muy poco se ha mencionado el tema de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y su relación con este problema. Dichos gobiernos reciben el 22 % de todo lo que el Gobierno central obtiene por cobro de IVA e impuesto a la renta, además del 10 % de los ingresos petroleros.

Es decir, una parte sustancial va directamente a estos organismos, cuyos gastos no tienen ningún tipo de control por parte del Ejecutivo. La situación se agrava si se tiene en consideración que los GAD constituyen, en gran medida, plataformas de partidos y movimientos para hacer política y proselitismo.

Parte significativa de sus gastos se destina a sueldos de militantes de aquellos movimientos políticos que llegan a los poderes locales. Y por la autonomía de la que gozan, y que está consagrada en la Constitución, hacen básicamente lo que les place con los recursos que reciben.

En consecuencia, cualquier esfuerzo del Gobierno central por aumentar ingresos por el lado de impuestos será infructuoso. Adicionalmente, muchos municipios y prefecturas tienen nexos no solo políticos sino financieros con mafias del narcotráfico. Urgen reformas para cambiar esta realidad.