Pese a todos los esfuerzos de las autoridades, las extorsiones no han podido ser controladas y, por el contrario, siguen en aumento. Las estadísticas de la Policía del año pasado hablan de una tendencia al alza. El problema, sin embargo, no parece ser exclusivo de Ecuador. En Colombia, las cifras son deprimentes y en una ciudad como Medellín, que es vista como modelo de movilidad y seguridad, se habla de que al cierre de 2023 hasta 150 mil hogares y negocios pagaban cuotas de ‘vigilancia’.

Argentina y Perú son otros países donde este tema es alarmante, lo cual es evidencia de que ya se trata de un fenómeno que afecta a toda la región. Por ello, es de esperar que las autoridades y funcionarios de los países afectados compartan experiencias y fórmulas para combatir este problema que destruye las economías familiares y productivas.

Como se ha visto, es una de las causas más potentes para que muchos ecuatorianos y ciudadanos de otros países de la región decidan migrar a EE. UU. o a Europa. Es necesario que esta problemática se la aborde de forma multinacional y se multipliquen los esfuerzos de inteligencia. En el país vecino se verificó que casi todas las llamadas para extorsionar salen de cárceles con mala vigilancia electrónica. Un esfuerzo transnacional puede mejorar la situación.