Fiscalía cita a Marcela Aguiñaga el mismo día del anuncio de renuncia a la Prefectura
La Prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, comparecerá ante la Fiscalía General, en Quito, tras anunciar su renuncia al cargo

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas.
La Fiscalía General del Estado fijó para el 8 de abril de 2026, a las 11:00, la recepción de la versión libre y voluntaria de Marcela Aguiñaga dentro del denominado Caso Caja Chica. La diligencia judicial se desarrollará en Quito, bajo el marco de la investigación previa y reservada.
El impulso fiscal ordena la presencia de la funcionaria con su abogado de confianza para dar cumplimiento al derecho a la defensa. Esta convocatoria busca obtener elementos sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos manejados por la Revolución Ciudadana, para financiar las campañas electorales de 2023.
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Renuncia a la Prefectura
La citación coincide con el anuncio de Aguiñaga sobre su renuncia irrevocable a la Prefectura del Guayas por una situación familiar delicada que le impide continuar al frente del cargo. La funcionaria, quien fuera una de las figuras más importantes de la Revolución Ciudadana, está desvinculada de dicha organización política desde hace meses atrás, tras una serie de desencuentros con la entonces presidenta de la organización, Luisa González. De hecho, en el marco de la investigación del caso Caja Chica, González acusó a Aguiñaga, expresidenta de la RC, de ser la principal responsable del manejo de los fodos del partido.
La trama de financiamiento ilícito
El caso Caja Chica investiga una presunta estructura de lavado de activos diseñada para ingresar dinero en efectivo desde Venezuela hacia Ecuador. Según la hipótesis fiscal, estos recursos se utilizaron de forma irregular para financiar la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana en 2023. El proceso cobró fuerza tras los allanamientos realizados a figuras cercanas a la cúpula correísta y la extracción de información de dispositivos electrónicos de varios excolaboradores.
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Caso que permitió la suspensión de la Revolución Ciudadana
La pieza central de la acusación es la declaración de Santiago Díaz, exasambleísta recluido en la Cárcel 4 por la violación de una menor. Díaz aseguró ante medios de comunicación que, bajo órdenes de Rafael Correa, él mismo trasladó el dinero desde territorio venezolano para entregarlo al equipo de campaña de González.
Como consecuencia de estas revelaciones, el fiscal Carlos Alarcón solicitó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) la suspensión de la Revolución Ciudadana por nueve meses. Medida que le fue concedida en 48 horas. Esto coincide con el periodo de inscripción de candidaturas para las elecciones seccionales adelantadas de noviembre.
Mientras la cúpula correísta denuncia una persecución judicial para proscribir a su partido, la Fiscalía avanza con el análisis de dispositivos electrónicos y la toma de versiones para sustentar la acusación de financiamiento ilegal.