Caso Granasa y caso La Libertad: ¿Se resolvieron con la misma rapidez?

El reciente escándalo por la fallida y millonaria venta de 93 hectáreas de terrenos municipales en La Libertad, en la provincia de Santa Elena, a una joven sin mayores registros financieros, evidencia una verdad que se viene consolidando en Ecuador: las entidades de control actúan según el caso.

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Pese a que el periodismo y el concejal del cantón Bruno Dedé denunciaron públicamente que Jenny Ramírez no registraba los sustentos necesarios para una adquisición millonaria, el caso llegó a la Fiscalía solo después de una denuncia formal.

De igual forma, aunque la sociedad civil y voces políticas han cuestionado el origen de los fondos del asambleísta alterno Luis Alvarado Campi (ADN) para la millonaria compra de un portal y una radio a través de la empresa Galamedios, el tema ha sido esquivado por las entidades de control. En ambos casos, ni la Unidad de Análisis Financiero, presidida por José Julio Neira, ni la Fiscalía, encabezada por Carlos Alarcón, han actuado de oficio.

No obstante, estas instituciones sí han mostrado diligencia en otros casos, como el de Granasa. Los señalamientos contra la casa editorial de EXTRA y EXPRESO no solo provinieron del Servicio de Rentas Internas (SRI), por una supuesta defraudación tributaria, sino también de la Superintendencia de Compañías, que intenta asumir el control del 40 % de las acciones de la empresa.

Este doble rasero de las entidades de control para determinar qué temas son prioritarios y cuáles pueden esperar, a criterio del político y exasambleísta César Montúfar, es un problema arrastrado por la institucionalidad ecuatoriana y tiene como principal causa los intereses de los sectores políticos, en especial del poder de turno. “Esta situación siempre ha estado presente: intereses políticos que inciden en las decisiones, en los tiempos y en qué se investiga”. 

Que este accionar sea una constante resulta aún más grave, acota Roberto Gómez Mera, ex fiscal general y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien advierte que ello no solo consolida injusticias, sino que también pone en duda a las entidades de control.

“Esto contribuye a incrementar la desconfianza, la falta de credibilidad e incluso (la falta de) respetabilidad de la Función Judicial”. Y añade que esta situación ya debió escalar a una emergencia institucional que permita impulsar reformas para garantizar la independencia.

¿Es posible un cambio?

Aunque coincide en que el problema debería abordarse con mayor institucionalidad, Marcelo Merlo, excontralor y expresidente del Consejo de la Judicatura transitorio, sostiene que, en muchos casos, quienes dirigen las instituciones son los que mantienen el sistema fallido.

“Falta voluntad política. No hay que olvidar que detrás de esto hay corrupción, de ambos lados. Hay lo que yo llamo chantajes cruzados: si tú me dices esto, yo te digo otra cosa”, lamenta el exfuncionario, quien, pese a sus reparos, ratifica que la misma institucionalidad debe ser la encargada de corregir los errores del sistema.

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Ante la falta de garantías por parte de la clase política para impulsar un cambio real, Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), sostiene que es la sociedad civil organizada la llamada a seguir enfrentando estos casos.

“La responsabilidad recae en la sociedad civil. La sociedad civil son los medios de comunicación, la opinión de los ciudadanos y organismos como esta Comisión. (...) Es el contrapeso fundamental al poder, pero debe articularse y actuar con oportunidad”, subraya.

Caso contrario, advierte, los ecuatorianos asisten a una institucionalidad vacía. “Los organismos de control han llegado a regirse por parámetros políticos antes que institucionales. Cuando priman los parámetros políticos, se actúa en función de los intereses del poder. Y si esos intereses son autoritarios, buscan silenciar la opinión crítica, amedrentar a los medios de comunicación y cerrar la voz de la prensa”.

En ello coincide Montúfar, quien señala que la voz de la sociedad civil es una de las pocas esperanzas que le quedan al país. “Es lo único que podría no corregir totalmente esta situación, pero sí develarla y generar presión sobre quienes toman las decisiones. En ese sentido, la ciudadanía y los medios de comunicación ya han hecho un seguimiento importante en muchos procesos judiciales”, concluye el político y exasambleísta.