Caso Mario Godoy sacude a la justicia y expone una crisis de poder en el Estado

El juicio político contra Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, entró en una fase decisiva en la Asamblea Nacional, luego de que el proceso fuera remitido a la Comisión de Fiscalización. 

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Más allá del trámite legislativo, el caso ha abierto un debate de fondo sobre la legitimidad del sistema judicial y la responsabilidad de varias funciones del Estado en su conformación.

Los analistas Marcelo Espinel y María Eugenia Molina coinciden en que el problema no se limita a una persona, sino que refleja una crisis estructural de la justicia ecuatoriana, en un contexto marcado por la presión del crimen organizado.

La designación que marcó el conflicto

Espinel ubica el origen del problema en la forma en que se integró la Judicatura. Señala que inicialmente se habló de consensos amplios en la Corte Nacional de Justicia, pero que luego se tomaron decisiones unilaterales.

“Primero se dijo que la terna era producto de un consenso y después se actuó de manera unilateral. Eso evidencia que hubo una decisión política específica de poner a Mario Godoy”.

Para el analista, los intentos posteriores de deslindar responsabilidades solo profundizaron la percepción de politización del sistema judicial.

¿Por qué Godoy no renuncia?

Espinel sostiene que la permanencia de Godoy en el cargo responde a un cálculo político. “Si Godoy renunciara ahora, sería una forma tácita de aceptar las acusaciones. No le queda más que aguantar hasta el final la decisión del pleno de la Asamblea”.

Molina coincide en que esa negativa no ha despejado las dudas. Por el contrario, considera que ha incrementado la desconfianza pública. “Tiene respuesta para todo y siempre está esquivando cualquier responsabilidad”.

Un juicio con señales políticas claras

Aunque el juicio político tiene dos posibles desenlaces —censura o archivo—, Molina observa un escenario político adverso para Godoy. A su criterio, las principales fuerzas del Legislativo ya le retiraron el respaldo.

Recuerda además que el propio Daniel Noboa le recomendó públicamente que renuncie y se defienda fuera del cargo. “Ese mensaje político indica que Godoy no tendrá apoyo real en la Asamblea”.

La crisis no se limita a la Judicatura

Ambos analistas coinciden en que el problema no nace ni termina en el Consejo de la Judicatura. Espinel apunta a una cadena de responsabilidades que involucra al Ejecutivo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Asamblea y a la Corte Nacional.

“Todas las estructuras del Estado están afectadas. La Judicatura es la que termina evidenciando el problema, pero la justicia en su totalidad está golpeada”.

Molina añade que esta deslegitimación resulta especialmente grave en el contexto actual. “Si la figura de la Judicatura está deslegitimada y sin credibilidad, difícilmente se puede confiar en que actúe con probidad”.

Presiones a jueces y una deuda pendiente

Espinel recuerda que las denuncias de presiones a jueces no son nuevas y han atravesado distintos gobiernos. A su criterio, el debate central no es solo sancionar, sino proteger a los operadores de justicia. “Las presiones van a existir siempre. El problema es qué herramientas tienen los jueces para denunciarlas y no sucumbir”.

Para Molina, ese contexto exige estándares máximos en quien preside la Judicatura. “El presidente del Consejo de la Judicatura debería ser una persona proba, íntegra, sin un asomo de duda. Hoy eso no se percibe en Godoy”.

El avance del juicio político coloca a la justicia ecuatoriana bajo observación pública. Para Espinel y Molina, el desenlace no solo definirá el futuro de Mario Godoy, sino que marcará un precedente sobre el control político y la capacidad del Estado para reconstruir la confianza en una de sus instituciones más sensibles.

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