CNE da luz verde a la cancelación de Unidad Popular y Construye

La política ecuatoriana vuelve a entrar en terreno turbulento. A menos de un año de las elecciones seccionales de 2027, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto en el centro del debate la posible cancelación de dos organizaciones políticas clave: Unidad Popular y Construye. Lo que parecía un trámite técnico se ha transformado en un episodio cargado de tensión, cuestionamientos y lecturas políticas.

Sin embargo, lejos de ser una decisión definitiva, el proceso ha estado marcado por la falta de consenso dentro del propio organismo electoral. La discusión no solo revela divisiones internas, sino que también deja en evidencia el delicado equilibrio entre normas legales y disputas políticas en un momento crucial para el país.

¿Por qué el CNE quiere cancelar a estos partidos?

El origen del conflicto está en informes técnico-jurídicos que recomiendan iniciar el proceso de cancelación de ambas organizaciones. Según estos documentos, tanto Unidad Popular como Construye habrían incumplido un requisito fundamental: mantener un número mínimo de afiliados o adherentes permanentes.

La normativa electoral ecuatoriana establece que, si una organización política reduce su base a menos del 50% del mínimo requerido, puede perder su personería jurídica.

Este argumento técnico ha sido el principal sustento del CNE para plantear la cancelación, aunque su aplicación ha generado controversia.

Un proceso sin decisión: falta de votos

A pesar de la presión y el contexto electoral, el CNE no ha logrado concretar la cancelación. En varias sesiones recientes, el pleno no ha alcanzado los votos necesarios ni el quórum suficiente para tomar una decisión definitiva.

En uno de los intentos más recientes, apenas se registraron dos votos a favor, una abstención y varias ausencias, lo que impidió adoptar una resolución. Incluso en sesiones anteriores, el organismo rechazó iniciar el proceso, evidenciando una clara división interna entre sus consejeros.

El resultado: un proceso estancado que mantiene en incertidumbre a ambas organizaciones políticas.

Denuncias de persecución y tensión política

Desde Unidad Popular y Construye, la reacción ha sido inmediata. Sus dirigentes han cuestionado la legalidad de los informes y han denunciado que detrás del proceso existiría una motivación política. Ambas organizaciones sostienen que la posible cancelación responde a una estrategia para debilitar a sectores críticos del Gobierno, especialmente en un contexto preelectoral.

Estas acusaciones han elevado la tensión y han convertido el tema en un nuevo foco de confrontación política en el país.

Un escenario electoral cada vez más incierto

El debate sobre la cancelación de partidos no ocurre en aislamiento. Se da en un contexto político complejo, donde otras organizaciones también enfrentan crisis internas o decisiones judiciales que afectan su participación.

De cara a las elecciones seccionales de 2027, el panorama se vuelve más incierto, con movimientos que podrían desaparecer, reorganizarse o buscar alianzas para sobrevivir políticamente.

Esto no solo redefine el mapa político, sino que también plantea interrogantes sobre la representatividad y el pluralismo en el sistema democrático ecuatoriano.

Más que un trámite: una disputa por el poder político

Lo que empezó como un proceso administrativo ahora refleja algo más profundo: una lucha por el control del espacio político en Ecuador. La posible cancelación de Unidad Popular y Construye no solo implica el cumplimiento de normas, sino también el impacto directo en la configuración del escenario electoral.

Mientras el CNE no logre una decisión definitiva, el tema seguirá abierto. Y con ello, también la incertidumbre sobre quiénes podrán competir en las próximas elecciones y bajo qué condiciones.