El presidente Daniel Noboa se pronunció por primera vez tras la derrota electoral relacionada con el Referéndum y Consulta Popular de 2025. En una entrevista con el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, critico la actuación de sus ministros y asambleístas.

El mandatario destacó la necesidad de realizar cambios en su equipo cercano, afirmando: “La consulta fue un remezón para asambleístas, ministros, e incluso para nuestro movimiento político”. Noboa subrayó que dichos funcionarios deben asumir responsabilidades. “Todos esperaban que le pasaran la bola al presidente en el minuto 89. No. Esto es un trabajo en conjunto”, enfatizó.

El presidente insistió en que la colaboración debe ser integral, requiriendo que todos “caminen, comuniquen y luchen de la misma manera en que lo hacemos nosotros”.

En cuanto a su Gabinete, tras los resultados de la Consulta Popular, Noboa efectuó ciertos cambios, iniciando con la salida de la exvocera de Carondelet, Carolina Jaramillo. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, fue trasladada al Ministerio de Desarrollo Humano, mientras que Nataly Morillo, exasambleísta de ADN, asumió el cargo correspondiente.

Lo que sigue tras resultados de la consulta popular

Asimismo, se produjo un cambio en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Stalin Andino fue reemplazado por Enrique Herrería, exjuez de la Corte Constitucional. Este ajuste responde a las declaraciones de Noboa, quien afirmó su intención de continuar impulsando reformas y enmiendas constitucionales a través de la Asamblea Constituyente.

Noboa mencionó que la consulta electoral abrió un camino político que pretende recorrer mediante enmiendas, esperando que la Corte Constitucional "no se convierta en un enemigo del pueblo". 

Este conflicto con la Corte surgió por la suspensión de artículos de tres leyes propuestas por el Ejecutivo y aprobadas en la Asamblea Nacional: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia. Las dos primeras, clasificadas como económicas urgentes, fueron observadas por la Corte por no respetar el principio de unidad de materia, considerándolas inconstitucionales.

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