El presidente Daniel Noboa lanzó hoy, lunes 10 de noviembre de 2025, un mensaje directo en sus redes sociales, en el marco de la recta final hacia el referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre, en la que los ecuatorianos decidirán si apoyan o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente. 

En su publicación, Noboa apeló a un discurso de ruptura con la vieja política y de lucha contra la impunidad, al afirmar: “Ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos. Hoy, el Ecuador elige hacerlo distinto.”

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El mandatario aseguró que una nueva Constitución debe poner “el bien por encima del mal” y evitar que “un criminal sea prioridad sobre ti” o que los delincuentes “puedan salir libres al pisar la cárcel”.

Además, destacó que este proceso lo encabezarían “personas que no le deben favores a nadie”, mencionando tres nombres: Annabella Azín, quien lideraría la lista nacional; Niels Olsen, por Guayas; y Diana Salazar, exfiscal general del Estado, por Pichincha.

Con ello, Noboa confirmó que su madre, el actual presidente de la Asamblea Nacional y la exfiscal general asumirían un rol político en caso de concretarse la Constituyente, un anuncio que reconfigura el escenario de cara al referendo del domingo y que ha generado reacciones inmediatas en el ámbito político y ciudadano.

Diana Salazar: ¿la sorpresa?

Diana Salazar Méndez, nacida en la ciudad de Ibarra el 5 de junio de 1981, es una jurista y abogada ecuatoriana que ejerció como fiscal general del Estado entre el 8 de abril de 2019 y el 21 de mayo de 2025. 

Desde entonces, se desempeña como embajadora de Ecuador en Argentina. Según su perfil público, ella estudió Jurisprudencia en la Universidad Central del Ecuador y realizó posgrados en Derecho Procesal (Universidad Tecnológica Indoamérica), Derechos Humanos (Universidad Andina Simón Bolívar) y Derecho Penal Económico (Universidad de Castilla-La Mancha).

Ascendió en la fiscalía tras roles iniciales como amanuense y secretaria. Como fiscal ganó visibilidad por la investigación del caso FIFA Gate en Ecuador y por llevar procesos por lavado de activos. Durante su gestión enfrentó casos de alto impacto: Ina Papers, Sobornos 2012–2016 y acciones vinculadas a los Pandora Papers, con actuaciones que generaron tanto avances judiciales como críticas por presunta selectividad.

Su nombramiento como fiscal fue objeto de controversia por la puntuación en el concurso de méritos y por denuncias públicas de injerencia política en procesos electorales. En 2023 y 2024 surgieron más polémicas: acusaciones de plagio en su tesis de pregrado y la filtración de chats que la vincularon a decisiones controvertidas durante investigaciones. Su gestión polarizó la opinión pública: para algunos, una fiscal activa contra la corrupción; para otros, un actor con actuaciones políticamente motivadas.

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