¿Es legal adelantar elecciones en Ecuador? Esto dicen expertos sobre la medida del CNE

El adelanto de las elecciones seccionales en Ecuador, defendido por Daniel Noboa como una medida para garantizar el voto ante el posible impacto del fenómeno de El Niño, ha generado cuestionamientos legales y políticos. Expertos advierten que no existe base constitucional para modificar el calendario electoral por razones climáticas, señalan debilidad técnica en los argumentos oficiales y alertan sobre posibles efectos en la confianza democrática y la transparencia del proceso.

Durante una entrevista radial este 31 de marzo, Noboa insistió en que la decisión —tomada por el Consejo Nacional Electoral— responde a informes que alertan sobre un fuerte fenómeno de El Niño. Según el mandatario, mantener la fecha original habría limitado la participación en zonas rurales de la Costa, afectadas por lluvias e inundaciones.

Pero este razonamiento no convence a todos.

Cuestionamiento legal: “No existe esa figura en la Constitución”

Giovanni Fantoni, abogado y magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, es contundente: "el argumento climático no tiene sustento jurídico en Ecuador".

Según explica, la Constitución solo contempla tres escenarios para adelantar elecciones, muerte cruzada, destitución presidencial o revocatoria del mandato. “Ninguna otra causal permite modificar el calendario electoral”, sostiene.

Fantoni advierte que, aun si existen informes que alertan sobre riesgos climáticos, no hay precedentes legales que respalden una decisión de este tipo, lo que abre un debate sobre la legitimidad del proceso electoral.

Además, cuestiona la "base empírica" del discurso oficial: “Los datos que se mencionan no son comprobables y no existe evidencia de que el clima haya cambiado elecciones en el país”.

Dudas técnicas y lectura política

Desde el análisis político, Alfonso Roggiero plantea otra inquietud: la incertidumbre del clima. “Anticipar con certeza lo que ocurrirá en los próximos meses es, cuando menos, audaz”, señala.

Para el analista, el problema no es únicamente técnico, sino institucional. La decisión del CNE, dice, deja espacio a interpretaciones porque los informes pueden ser leídos de distintas maneras.

“Cuando una institución no explica con claridad sus decisiones, transmite improvisación. Y la improvisación afecta la credibilidad”, advierte.

Moscoso: “El riesgo existe, pero no justifica modificar el calendario”

El analista Arturo Moscoso agrega matices adicionales al debate. Reconoce que el riesgo climático existe y puede afectar la participación, pero no considera que esto justifique un cambio estructural del calendario electoral, “Ni siquiera en pandemia se modificó el calendario electoral, que podía incidir más en la participación. La decisión se presenta como inevitable cuando era solo una de varias alternativas”.

Moscoso señala que los precedentes en la región muestran ajustes después de que el desastre ocurrió, no por proyecciones futuras. Además, enfatiza que los informes de riesgo son interpretables y que el salto de “hay riesgo” a “hay que cambiar la fecha” es una decisión política respaldada en insumos técnicos, no un mandato técnico obligatorio.

Respecto a la competencia electoral, Moscoso afirma que la medida tiene efectos mixtos, puede mejorar la inclusión si las afectaciones climáticas son reales, pero reduce la equidad entre actores al acortar tiempos de organización y campaña. Sobre el argumento de Noboa de voto urbano vs. rural, considera que tiene algo de base, pero es demasiado lineal para un sistema electoral volátil.

Finalmente, Moscoso advierte que presentar la decisión como garantía democrática es más retórico que analítico, y que el impacto real se refleja en la competitividad, la equidad y la confianza institucional.

¿Estrategia electoral o prevención legítima?

Uno de los puntos más debatidos es el argumento de Noboa sobre la diferencia entre voto urbano y rural. El presidente sostiene que su movimiento es más fuerte en ciudades de la Sierra, mientras que la oposición tiene mayor presencia en zonas rurales de la Costa.

Para Roggiero, esta lectura puede ser válida, pero también puede interpretarse como una estrategia de posicionamiento político anticipado.

Fantoni, en cambio, es más crítico: considera que no hay evidencia suficiente para sostener que el cambio beneficie o perjudique a un solo sector, pero sí advierte que modificar las reglas del juego en medio del proceso genera desventajas.

Impacto en la confianza democrática

Más allá de quién gane o pierda, ambos expertos coinciden en un punto clave: la confianza en el sistema electoral está en juego.

El cambio de fecha, sin precedentes claros y con cuestionamientos legales, podría afectar la percepción ciudadana sobre la transparencia del proceso. Además, altera la planificación política, económica y social de los actores involucrados.

Mientras Noboa insiste en que la medida busca garantizar el voto, el debate de fondo se desplaza hacia otro terreno: la legitimidad de las decisiones y la solidez de las instituciones.

En un escenario político ya tensionado, la discusión no solo gira en torno al clima o a la fecha de las elecciones, sino a algo más profundo, las reglas del juego democrático y la confianza en quienes las administran.