El Gobierno Nacional institucionalizó el silencio como su respuesta oficial. Todo parece apuntar a que la estrategia es callar, en un ejercicio de tirar tierra a los temas o esperar que otro escándalo o polémica los cubra o haga desaparecer.

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El rol de los medios de comunicación es pedir respuestas e insistir las veces necesarias. Además, recordarle al Gobierno que aún existen dudas que merecen ser contestadas a los ciudadanos. EXTRA / EXPRESO refresca la memoria de los funcionarios del Estado que aún no contestan sobre temas relevantes y de interés público.

Dueños de la salud

La investigación sobre los millonarios pagos por derivaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a clínicas privadas aún no tiene una respuesta del presidente del Directorio, Édgar Lama. ¿Ha cambiado en algo el proceso de derivaciones luego de la publicación?

Lama tampoco ha contestado si le parece ético ser presidente del IESS siendo familiar de un grupo hospitalario que se beneficia de las derivaciones.

Porsche Cayenne

La bancada del correísmo y el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, denunciaron la presencia de un Porsche Cayenne a nombre de Industrial Molinera, empresa del grupo de la familia del presidente Daniel Noboa, que estuvo en la vivienda de uno de los sospechosos de la explosión en la Bahía luego de que este fuera detenido. Ni el Gobierno ni la empresa se han pronunciado.

Caso Alvarado Campi

El legislador alterno de ADN, Luis Alvarado Campi, constituyó la empresa Galamedios, con la que compró la empresa Levancan, del portal digital La Posta, y el 80 % de la empresa Holdingvision, productora del contenido de Radio Centro. Lo extraño es que Alvarado compró ambas empresas por 2,6 millones de dólares, cuando en su más reciente declaración su patrimonio no supera los 70.000 dólares.

El director del Centro de Inteligencia Estratégica, Michele Sensi Contugi, y su subalterno, el director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, no han respondido si iniciaron una investigación a Alvarado Campi para conocer el origen de esos 2,6 millones de dólares: ¿fue producto de un préstamo? ¿Qué institución financiera o persona le prestó esa cantidad de dinero?

Caso contra Granasa

El Servicio de Rentas Internas (SRI) investiga a Gráficos Nacionales S.A., editora de EXTRA y EXPRESO, por una supuesta defraudación tributaria. La Fiscalía también abrió una indagación por presunto lavado de activos. La directora del SRI, Alexandra Navarrete, además de negar a Granasa el acceso a los informes tributarios que originan la investigación, aún no responde al pedido de entrevista para preguntar por qué en los informes de diferencias presuntivas en la declaración del impuesto a la renta de 2023 de tres distribuidores no resta los valores que el contribuyente debía cancelar a Granasa, por concepto de compra del producto, sino que los suma a la utilidad. ¿Tal vez usó esa fórmula a propósito para perjudicar a este medio?

Deuda tributaria de Bananera Noboa

La empresa de la familia del presidente Noboa pasó, en poco tiempo, de ser el primer deudor a reducir significativamente su deuda tributaria sin explicación alguna. La directora del SRI tampoco ha aclarado con documentos cuándo y cómo se realizaron los pagos de la empresa al SRI y cuál fue el sustento legal para acogerse a esa considerable reducción.

Progen

El Gobierno terminó unilateralmente los contratos con la empresa Progen para la compra de motores de generación de energía por 149,1 millones de dólares. El caso ahora motiva una investigación fiscal. La ministra de Energía, Inés Manzano, ha evitado responder sobre los responsables de la contratación con la empresa estadounidense y el rol que jugó ella como ministra de Estado.

Loma Larga

El Gobierno concedió a la empresa Dundee Precious Metals (DPM) la licencia ambiental para iniciar la fase de explotación de la mina del proyecto Loma Larga, en Quinsacocha, sobre la base de un informe elaborado por la misma empresa. Manzano no ha respondido por qué entregó la licencia pese a que el informe técnico de la Empresa de Agua Potable de Cuenca (ETAPA), que ella cita y valida, concluye que el informe de DPM es irregular.

Financiamiento de marchas contra la Corte

Aún se desconoce de dónde salió el dinero para financiar las marchas en contra de la Corte Constitucional en Guayaquil y Quito. La duda razonable es que alguien o algunos pagaron la movilización, pancartas, alimentación y más. El presidente tampoco esclarece qué rol tuvo María Cristina Maggi Gordón, funcionaria de la Presidencia, en la organización de la marcha en Quito, si según el Gobierno esta fue una iniciativa ciudadana.

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