GRANASA advierte presunto uso de Fiscalía en intento estatal por controlar el 40 % de sus acciones

Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) lanzó una alerta pública sobre lo que considera un posible intento del Gobierno Nacional de tomar control del 40 % de su paquete accionario mediante acciones legales impulsadas en la Fiscalía General del Estado. La advertencia surge tras la circulación en redes sociales de una supuesta denuncia presentada por Carlos Xavier Cadena Asencio, liquidador de la empresa Veranera.

(Te puede interesar: Intervienen a GRANASA, editora de EXPRESO y EXTRA, por pedido de Inmobiliar)

Según la compañía, este hecho formaría parte de una estrategia orientada a afectar su independencia. En un comunicado, la empresa calificó la situación como un "nuevo intento de hostigamiento y amedrentamiento" dirigido a "doblegar la línea editorial" de sus medios. Además, señaló que hasta el momento ninguno de los directivos mencionados ha recibido notificación formal por parte de autoridades judiciales.

Antecedentes del conflicto

El pronunciamiento de GRANASA se enmarca en un contexto de tensiones previas con entidades estatales. La empresa permanece bajo intervención de la Superintendencia de Compañías, en medio de un proceso que sus directivos consideran irregular.

De acuerdo con su versión, ya han enfrentado acusaciones que califican como infundadas, entre ellas señalamientos de fraude tributario y lavado de activos. A esto se suma lo que describen como una intervención administrativa ilegal, que habría afectado el funcionamiento de la compañía.

Otro episodio relevante fue la difusión de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) sobre una presunta defraudación tributaria. Para la defensa de la empresa, este hecho forma parte de una secuencia de acciones que apuntan a debilitar su estabilidad financiera y reputacional.

¿Cuál es el rol de la empresa Veranera?

La reciente controversia se origina en la supuesta denuncia presentada por el liquidador de la empresa Veranera. Según GRANASA, este recurso legal buscaría involucrar a sus directivos en un proceso judicial que facilite el traspaso de acciones al Estado.

La compañía sostiene que este tipo de mecanismos carece de sustento técnico y responde a intereses políticos. En su pronunciamiento, enfatiza que, pese a estas acciones, "no han logrado" alterar su postura informativa ni su línea editorial.

Puntos clave del caso

Finalmente, GRANASA reiteró su postura en defensa de la propiedad privada y la libertad de prensa en Ecuador. La empresa hizo un llamado a organismos internacionales de derechos humanos para que se mantengan vigilantes ante el desarrollo de este caso.

Desde su perspectiva, la eventual toma de control accionario por parte del Estado representaría un riesgo para la independencia de sus medios y sentaría un precedente en el uso de instituciones de control con fines políticos.