Intervención a GRANASA genera alerta por posible presión política: existe silencio empresarial

Académicos, defensores de derechos y representantes del sector empresarial ven con preocupación las señales que se acumulan en el gobierno de Daniel Noboa. La intervención de la Superintendencia de Compañías en Gráficos Nacionales S. A. (GRANASA), editora de los diarios EXTRA y EXPRESO, es considerada por ellos como un síntoma del deterioro democrático.

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Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, expresó su inquietud por el silencio de varios sectores frente a lo que ocurre. Manifestó que no se sabe si callan por miedo, conveniencia o porque creen que así evitarán consecuencias.

Lamentó que muchas posturas no respondan a principios, sino a coyunturas políticas, bajo la excusa de que opinar podría interpretarse como favorecer a otra opción política. “Ya hemos vivido lo que esos silencios ocasionan”, advirtió.

Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, señaló que las sociedades progresan cuando los negocios pueden operar con reglas claras, pero sin interferencias indebidas de entidades como superintendencias o el SRI. A su criterio, eso genera inestabilidad jurídica y ahuyenta la inversión.

Posición más frontal

Santiago Basabe, profesor de la USFQ, sostuvo que en política las coincidencias rara vez existen y que las decisiones suelen responder a proyectos y estrategias de poder. Considera que ciertos sectores empresariales deberían tener una posición más frontal.

Al referirse a la intervención de GRANASA, mencionó otros hechos relacionados con medios: el cierre del programa ‘Irreverentes’, la compra de una radio y una plataforma digital de amplio alcance, y las declaraciones de Cynthia Gellibert, quien admitió ser “enemiga de los medios”. Para Basabe, todo esto responde a un “guion político establecido”.

Desde su análisis, la intervención pone en duda la legitimidad del procedimiento. Afirmó que, más allá del plano jurídico-administrativo, existiría una visión política sobre cómo deberían funcionar los medios de comunicación.

También cuestionó que un accionista minoritario, como dice ser Inmobiliar, pueda solicitar información confidencial de una empresa, como contratos con clientes o el listado de abogados.

Basabe lamentó que en Ecuador las leyes sean “referenciales”, es decir, políticas. “No han sido jurídicas y menos aún en relación con un medio”, afirmó. E insistió en que esto debería preocupar a los sectores políticos, económicos y académicos.

Callar no es buena opción

El analista Arturo Moscoso señaló que el caso podría evidenciar una instrumentalización de acciones administrativas para desalentar la crítica e incentivar la autocensura.

“A quien quiera hacer una crítica o no esté de acuerdo con ciertas políticas, le pueden intervenir o abrir procesos administrativos en sus compañías o negocios”, indicó. Por eso no le parece que sea buena opción no decir nada para evitar posibles represalias, no solo en el ámbito empresarial sino también en el personal.

A su juicio, el mensaje no sería solo para los medios de comunicación, sino para cualquiera que cuestione políticas públicas, una práctica que, según dijo, también se observó durante el mandato de Rafael Correa.

EXTRA buscó la reacción de las principales autoridades de la Cámara de la Industria y Producción y de las cámaras de Comercio de Guayaquil y Quito, pero no respondieron o no estuvieron disponibles.