Juicio político a Mario Godoy: la fecha que enfrentará a la Asamblea con la justicia de Ecuador
La Asamblea tratará el juicio político a Mario Godoy en una sesión clave que reabre el debate sobre presiones y protección judicial. Ya se conoce cuándo
Juicio político a Mario Godoy será llevado al Pleno de la Asamblea.
La Asamblea Nacional del Ecuador se prepara para una de las sesiones más tensas de los últimos meses. El pleno del Parlamento ecuatoriano fue convocado para tratar el juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, un proceso que ha reavivado el debate sobre la independencia judicial y la protección a los operadores de justicia en el país. La cita, fijada para el miércoles 18 de febrero de 2026, marcará un momento clave en la relación entre el poder político y la Función Judicial.
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La convocatoria fue realizada por el presidente del Legislativo, Niels Olsen, luego de que la Comisión de Fiscalización recomendara al pleno avanzar con el juicio.
El pedido fue impulsado por el bloque del correísmo bajo el argumento de un presunto incumplimiento de funciones por parte de Godoy, especialmente por no haber actuado con firmeza frente a las denuncias de presiones contra un juez que llevaba un caso sensible relacionado con lavado de activos.
¿Por qué el pleno decidió avanzar con el juicio político?
En su informe, la Comisión determinó que Godoy es “responsable político por la inoperancia en su gestión como máxima autoridad de la Función Judicial”. Según el documento, la actuación del funcionario se limitó a trámites administrativos que no se tradujeron en medidas reales para enfrentar la gravedad de los hechos denunciados.
El texto oficial sostiene que el presidente de la Judicatura conocía la dimensión del problema, pero respondió con acciones rutinarias.
Mario Godoy ha expuesto ya su prueba ante la Comisión de Fiscalización.
“Estos documentos evidenciaron que conocía la gravedad de la situación, pero optó por respuestas administrativas rutinarias, eludiendo su deber de liderazgo y coordinación efectiva”, señala el informe aprobado por la comisión legislativa.
El caso del juez Serrano, en el centro de la polémica
El detonante de este proceso fue la denuncia del juez Carlos Serrano, quien aseguró haber recibido presiones de un exdirectivo del Consejo de la Judicatura, cercano a Godoy, para favorecer a un ciudadano serbio procesado por lavado de activos.
Serrano formaba parte del tribunal que debía resolver el caso, y su testimonio encendió las alarmas sobre posibles interferencias en la justicia.
Posteriormente, se conoció que el procesado, identificado como Jezdimir Srdan, había sido defendido inicialmente por la esposa de Godoy, antes de que se formularan cargos en su contra. Este dato reforzó las sospechas y elevó el nivel de tensión política alrededor del caso.
¿Qué reveló Serrano ante la Comisión?
La semana pasada, el juez declaró que, tras dictar sentencia, se le retiró la seguridad que tenía asignada. También afirmó que fue amenazado por el propio Srdan y que, pese a solicitar protección, nunca recibió respuesta.
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“Incluso estando en el exterior temo por mi vida”, dijo Serrano ante los legisladores, al explicar que se vio obligado a salir del país por sentirse “completamente desprotegido”.
La Comisión concluyó que las acciones adoptadas por Godoy fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los operadores de justicia, lo que reflejaría una gestión deficiente frente a un caso de alto riesgo.
La defensa de Godoy y lo que viene
Godoy ha negado haber enviado a alguien para presionar al juez y aseguró que, cuando se conoció el retiro de la seguridad, solicitó al Ministerio del Interior que se la restituyeran. Sobre la participación de su esposa, sostuvo que ella no intervino en el proceso penal, pues su vinculación se dio antes de la formulación de cargos.
Pese a estas explicaciones, la Comisión recomendó la censura y destitución, al considerar que se priorizó el papeleo sobre la protección real de quienes administran justicia. Ahora, el pleno deberá debatir y decidir si respalda esa postura en una sesión que podría redefinir el futuro de la Judicatura y marcar un precedente en la relación entre política y justicia en Ecuador.