La Vicepresidencia de la República sorprendió con su respuesta a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) tras la entrega del informe sobre 174 proveedores de salud involucrados en 244 procesos contractuales irregulares, por los que el Estado habría pagado 240 millones de dólares. La información fue entregada a la institución el 26 de noviembre de 2025. La duda surge sobre si la ministra de Salud, María José Pinto, se deslinda de este tema.

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El 18 de noviembre, María José Pinto fue designada por el presidente Daniel Noboa como ministra de Salud, conforme al decreto 222. Sin embargo, la Vicepresidencia respondió al coordinador de la CNA, Germán Rodas, que el requerimiento "no se enmarca dentro de las competencias asignadas a esta Vicepresidencia, por lo que ha sido debidamente registrado y trasladado a la institución que, conforme a la normativa vigente, tiene la competencia para su análisis y eventual atención".

Alcances de las funciones de María José Pinto

La Vicepresidencia aclaró que, conforme al decreto ejecutivo 3 del 24 de mayo, el presidente Noboa asignó a Pinto "funciones específicas relacionadas con la articulación de políticas públicas integrales, planes, programas y proyectos en los siguientes ámbitos: salud mental, educación intercultural bilingüe, embarazo adolescente, primera infancia y desnutrición crónica infantil".

La respuesta generó inquietud en Rodas, quien comentó a EXPRESO: "Miramos con preocupación porque es una forma de evadir una responsabilidad. El país conoció que el presidente le encargó el Ministerio de Salud y le puso a cargo del Comité Nacional de Salud. Por lo tanto, debería revisar la información que le dejamos sobre proveedores irregulares de medicamentos e insumos".

Lo que solicitó la CNA a la ministra de Salud

La Comisión Nacional Anticorrupción entregó a Pinto información consolidada sobre contratos irregulares en el sistema de salud público, desde 2019 hasta 2025. Además, esperaba que la ministra investigue las denuncias relacionadas con el contrato con HealthBird.

En la misiva, la CNA expresó su preocupación por la potencial contratación de la empresa, calificando el proceso como "de incierta transparencia", lo que podría significar un egreso de 37,7 millones de dólares. "Confiamos en que usted intervendrá en este caso, para precautelar los intereses de los asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)", señalaron. 

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