La Revolución Ciudadana denuncia irregularidades y plantea juicio político a Supercías

El superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Luis Cabezas-Klaere, se encuentra bajo la lupa del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Así lo señaló Juan Andrés González, asambleísta y jefe de la bancada legislativa correísta.

A finales de diciembre de 2025, el movimiento presentó una solicitud de juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo, así como contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esto fue oficializado el 29 de diciembre pasado.

La razón por la presentaron el pedido de juicio político contra Godoy fue por el presunto incumplimiento de funciones, en el marco de las alertas que hizo el juez anticorrupción Carlos Serrano, en el proceso seguido contra el ciudadano serbio Srdjan Jezdimir, dentro del denominado caso Euro 2024. En cambio, la otra solicitud se sustenta en las supuestas irregularidades en el proceso que concluyó con la designación de Godoy como titular de la Judicatura.

Futuro juicio contra el Superintendente de Compañías

El asambleísta Juan Andrés González afirmó, en una entrevista concedida al portal digital A Primera Hora, el 12 de enero, que su bancada presentará un juicio político contra el superintendente de Compañías, Valores y Seguros, Luis Cabezas-Klaere. “Perdón que estemos llenos de juicios políticos, pero nuestro país así lo exige; no es algo que esperemos”, señaló.

Según el legislador, la Superintendencia de Compañías debe ser investigada debido a presuntas irregularidades. “Hay cosas muy graves que se están generando dentro de las superintendencias y que también tienen que ser denunciadas”, manifestó.

Casos denunciados

Aunque Juan Andrés González no precisó las causales del eventual juicio político contra la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, existen varios casos que han sido denunciados públicamente, entre ellos los de Granasa y Galamedios.

No obstante, la legisladora Nuri Butiñá, también de la bancada de la Revolución Ciudadana, confirmó que la motivación de la interpelación responde a una falta de respuesta por parte de la autoridad a pedidos de información sobre Galamedios.

Entre octubre, noviembre y diciembre, la bancada de la oposición informó que realizó pedidos de información a la Supercías sobre la compra del portal digital La Posta por parte de la empresa Galamedios S.A.S., cuyo propietario es Luis Alvarado Campi, legislador alterno del movimiento oficialista ADN. El oficio fue dirigido al superintendente de Compañías, Luis Cabezas-Klaere.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá, publicó en su cuenta oficial de X un oficio dirigido a Cabezas-Klaere, en el que solicitó que se disponga la inspección, verificación y control societario de la compañía Galamedios S.A.S. Asimismo, pidió que se verifique el origen y la licitud de los recursos utilizados en las operaciones societarias descritas y que se remita a la Asamblea Nacional un informe detallado sobre las acciones ejecutadas y sus resultados.

Reportes financieros sin registro de adquisiciones

De acuerdo con los reportes públicos de la situación financiera de Galamedios, correspondientes a 2025, presentados el 5 de enero de 2026, la empresa cerró ese año sin reportar ante la Supercías la millonaria compra de medios de comunicación y portales digitales.

En dichos informes no constan las acciones adquiridas por la compra de la empresa Levascan, propietaria del portal digital La Posta, ni la adquisición del 80 % de la empresa Holdingvision, productora de contenidos de Radio Centro, por un monto de 2,6 millones de dólares. Únicamente se reporta un activo valorado en 50.000 dólares.

El caso Granasa y la disputa por las acciones

Por otro lado, la Superintendencia de Compañías busca que el 40 % de las acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) sea administrado por un nuevo liquidador designado por esa entidad, con el objetivo de tomar el control de dichas acciones.

Según la Supercías, no se encontró la “trazabilidad” del traspaso de acciones de la empresa Veranera —en proceso de liquidación— a Ingrid Martínez Leisker. Por ello, dispuso a GRANASA, casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, que restituya esas acciones y las registre nuevamente en su libro de acciones y accionistas, pese a que la transferencia se realizó hace casi seis años y, según la empresa, de forma legal.

Denuncias de presión gubernamental

En un comunicado público difundido días atrás, GRANASA denunció al Gobierno de Daniel Noboa por emplear “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa, con el objetivo de afectar directamente su libertad empresarial y, de forma indirecta, su línea editorial.

No obstante, el proceso iniciado por la Superintendencia de Compañías no sería el único que evidenciaría acciones del Gobierno contra Gráficos Nacionales. En septiembre de 2025, la empresa tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de repartidores.