Toque de queda en 4 provincias de Ecuador y cooperación con EE. UU.: ¿el nuevo plan genera dudas?
Tres especialistas evalúan el alcance de las medidas anunciadas para enfrentar al crimen organizado en el país. Esto es lo que revelan

Los militares y policías harán controles rigurosos en las cuatro provincias donde regirá el toque de queda.
La nueva fase del plan de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa, que incluye estado de excepción, toque de queda en cuatro provincias y cooperación con Estados Unidos, abre otro intento por contener al crimen organizado en Ecuador. Analistas advierten que el impacto de estas medidas dependerá de factores que van más allá del despliegue militar.
El presidente Daniel Noboa anunció que el toque de queda regirá del 15 al 30 de marzo, de 23:00 a 05:00, en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. En paralelo, la Embajada estadounidense en Quito emitió una alerta para sus ciudadanos y recomendó extremar precauciones por riesgos de crimen, terrorismo, disturbios y secuestros.
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Expertos exponen dudas ante el plan del Gobierno de Daniel Noboa
Para Renato Rivera, analista del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC), la estrategia de seguridad del último año ha estado marcada por anuncios que terminan traduciéndose en estados de excepción y militarización.
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A su criterio, la cooperación internacional puede ser positiva, pero concentrar la respuesta en el componente militar podría tener resultados limitados. “Las Fuerzas Armadas no son Policía”, señala, al explicar que no tienen funciones de investigación ni capacidades para judicializar estructuras criminales.
Rivera advierte que experiencias internacionales muestran que estrategias centradas en la llamada guerra contra las drogas no reducen de inmediato los homicidios ni las economías ilícitas, por lo que considera clave fortalecer a la Policía, las capacidades de investigación criminal y las instituciones que investigan el lavado de activos.
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¿Sirve golpear únicamente a los cabecillas?
En esa línea coincide el analista en seguridad Nelson Yépez, quien sostiene que la estrategia estatal vuelve a apoyarse en herramientas ya utilizadas, como los estados de excepción y la militarización, y que la reducción de la criminalidad dependerá de atacar las economías del crimen organizado y reforzar las capacidades investigativas del Estado.
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Además, agrega que golpear únicamente a los cabecillas no basta para desmontar estas estructuras, pues los grupos criminales suelen reorganizarse. Por ello insiste en que la estrategia debe impactar toda la cadena delictiva, especialmente sus finanzas y redes operativas.
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Lectura geopolítica tras el nuevo plan de seguridad
El exoficial de inteligencia Kléber Carrión, quien trabajó con agencias estadounidenses, considera que la cooperación internacional puede ser útil para enfrentar al crimen organizado. “Toda colaboración para combatir la delincuencia organizada debería ser bienvenida”, afirma.
Sin embargo, advierte que los acuerdos entre Estados también responden a intereses políticos, económicos e ideológicos, por lo que muchas decisiones se inscriben en estrategias geopolíticas más amplias, que probablemente no serán expuestas.
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Los militares estarán a cargo de los controles, en coordinación con la Policía.
Impacto del toque de queda en Ecuador
Carrión también duda del impacto del toque de queda. A su juicio, al anunciarse con anticipación, las organizaciones criminales pueden adaptar sus operaciones o trasladarlas a otros territorios. “La medida es territorial. Si presionas en un lugar, se mueven a otro”, explica, al referirse al llamado ‘efecto balón’ en la lucha contra el narcotráfico.
Menciona además que la medida también cumple un objetivo político: generar la percepción de que el Estado está actuando frente a la crisis de seguridad. Asimismo, sostiene que el país ya vivía una especie de toque de queda informal, porque la inseguridad redujo las actividades nocturnas y llevó a muchos comercios a cerrar temprano en varias localidades.
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Expectativa del plan se seguridad en Ecuador
Mientras varios detalles de la cooperación con Estados Unidos se mantienen en reserva, los analistas coinciden en que el impacto dependerá de la implementación de las medidas.
Rivera insiste en que la estrategia debe ir más allá del despliegue militar y fortalecer las capacidades institucionales del Estado, criterio que también comparte Yépez al señalar que sin investigación criminal sólida y persecución de las finanzas ilícitas será difícil reducir los niveles de violencia.
Carrión, por su parte, mantiene cautela, aunque espera resultados concretos. “Espero equivocarme”, dice. “Ojalá se logren golpes fuertes contra la delincuencia organizada”.
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