Caso Villavicencio: La planificación, el pago millonario y coordinación con disidencias de las FARC
En el caso Magnicidio FV, las hijas del excandidato ampliaron su acusación particular tras la vinculación de nuevos procesados
Fernando Villavicencio, quien también fue legislador, fue asesinado el 9 de agosto de 2023, en el norte de Quito.
La acusación particular presentada por las hijas de Fernando Villavicencio sostiene que el asesinato del periodista y candidato presidencial fue el resultado de una estructura criminal compleja en la que participaron actores políticos, operadores logísticos y líderes de organizaciones delictivas.
Según el documento presentado inicialmente por Amanda Villavicencio y Tamia Villavicencio dentro del proceso penal por asesinato, la muerte del candidato fue producto de una acción coordinada y previamente planificada para eliminarlo políticamente.
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La acusación describe un esquema de coautoría en el que cada uno de los implicados habría cumplido un rol específico dentro del plan criminal que culminó con el ataque armado ocurrido el 9 de agosto de 2023, cuando Villavicencio salía de un mitin político en Quito.
El entramado del caso Villavicencio
De acuerdo con ese documento, el entramado habría incluido seguimientos a la víctima, debilitamiento deliberado de su esquema de seguridad, coordinación con organizaciones criminales y manejo de recursos económicos para ejecutar el atentado.
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La acusación particular sostiene que varios de los implicados actuaron como instigadores y articuladores del crimen, conectando intereses políticos con estructuras criminales capaces de ejecutar el asesinato.
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Fernando Villavicencio fue candidato por el movimiento Construye, en alianza con Gente Buena.
Un millón de dólares y la estructura criminal
En marzo de 2026, las hijas del excandidato presentaron una ampliación de la acusación particular, tras la vinculación de nuevos procesados dentro de la instrucción fiscal.
En ese documento se afirma que líderes e integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos habrían participado en la planificación, coordinación y ejecución del atentado en coordinación con disidencias de las FARC.
La ampliación sostiene que el asesinato fue encargado a esta estructura criminal a cambio de un pago de un millón de dólares, solicitado por quienes la acusación identifica como autores intelectuales.
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Según el documento, los presuntos instigadores habrían acudido directamente a los líderes de Los Lobos para concretar el crimen. Una vez aceptado el encargo, la organización habría activado su estructura operativa para realizar seguimientos a la víctima, coordinar comunicaciones y supervisar la ejecución del atentado.
La ampliación de la acusación sostiene además que la información sobre la seguridad del candidato habría sido obtenida a través de contactos policiales y posteriormente utilizada para facilitar el ataque. Esta ampliación se presentó luego de que, en febrero de 2026, la Fiscalía vinculara a nuevos sospechosos a la instrucción fiscal del caso.
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Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, ampliaron su acusación particular.
Los procesados del caso Magnicidio FV
Señalados en la primera acusación particular
- Daniel Josué Salcedo Bonilla. Según la acusación, habría ordenado seguimientos, administrado recursos económicos y coordinado la logística necesaria para ejecutar el magnicidio.
- José Ricardo Serrano Salgado. Se le atribuye haber ordenado seguimientos a la víctima y debilitado deliberadamente su protección utilizando su influencia dentro de la Policía.
- Xavier Edmundo Jordán Mendoza. Señalado como instigador y articulador del plan criminal, quien habría activado la fase ejecutiva del atentado.
- Ronny Xavier Aleaga Santos. Identificado como nexo entre los autores intelectuales y las estructuras criminales encargadas de ejecutar el asesinato.
Señalados en la acusación particular ampliada
- Wilmer Geovanny Chavarría Barré (alias Pipo). Señalado como líder del GDO Los Lobos y a cargo de la ejecución del crimen tras la muerte de Leandro Norero. Según la acusación, habría aceptado ejecutar el crimen a cambio de un pago de $1 millón y activado la estructura criminal.
- Ángel Esteban Aguilar Morales (alias Lobo Menor). Ubicado como hijastro de alias Pipo y segundo en la estructura de mando de Los Lobos, además de responsable del control operativo dentro de la organización.
- Luis Alfredo Arboleda Andrade (alias Gordo Luis). Identificado como integrante de la estructura criminal vinculada a Los Lobos que habría participado en la ejecución del plan.
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