Caso Triple A: los pedidos que frenan audiencia y marcan el avance del juicio contra Aquiles Álvarez

La audiencia de juicio del caso Triple A, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, registró nuevos incidentes procesales que obligaron al tribunal a suspender una de las convocatorias previstas y a emitir varias disposiciones antes de que continúe la fase probatoria.

Tras escuchar los alegatos de apertura y varios pedidos de las defensas, el tribunal especializado resolvió dejar sin efecto la reinstalación de la audiencia que estaba prevista para el domingo 15 de marzo de 2026, mientras se recaban informes técnicos considerados indispensables para continuar el juicio.

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El proceso es impulsado por la Fiscalía General del Estado, que investiga una presunta estructura dedicada al desvío y comercialización irregular de combustibles subsidiados a través de empresas del sector.

Pedido de traslado desde la Cárcel del Encuentro

Uno de los primeros incidentes planteados en la audiencia fue el pedido de los abogados defensores de Álvarez y de César Emilio Bravo Ibáñez para que sus defendidos sean trasladados desde el Centro de Privación de Libertad Santa Elena, conocido como Cárcel del Encuentro, hacia una prisión ubicada en la jurisdicción del tribunal.

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Los juristas argumentaron que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que los procesados con prisión preventiva deben permanecer cerca de su juez natural para garantizar la inmediación y el derecho a la defensa.

Sin embargo, el tribunal negó intervenir en ese pedido. En su resolución recordó que los traslados de personas privadas de libertad son una competencia administrativa del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, más conocido por sus siglas: SNAI.

Según el tribunal, la ley establece que estas decisiones dependen de criterios técnicos de seguridad penitenciaria, por lo que escapan a la esfera de decisión judicial.

Reclamos por comunicaciones con abogados

El tribunal también dispuso oficiar nuevamente al SNAI y al director del CPL Santa Elena para que, en un plazo de 24 horas, informen con precisión los días, horarios y protocolos de seguridad para que los abogados puedan reunirse presencialmente con sus defendidos.

La medida busca garantizar la confidencialidad de las comunicaciones entre defensa y procesados, considerada un requisito indispensable antes de reinstalar la audiencia.

Además, se solicitó que las autoridades penitenciarias expliquen el retraso de 30 minutos en la conexión telemática del procesado César Bravo al inicio de la diligencia. Según el registro de la audiencia, Álvarez sí fue presentado a la hora prevista.

En paralelo, el tribunal pidió al Consejo de la Judicatura y al área tecnológica del sistema judicial un informe técnico sobre la seguridad de una reunión privada telemática entre defensa y procesado durante un receso de 45 minutos.

Más de cien testigos en el juicio del caso Triple A

Otro punto clave fue la discusión sobre la práctica de la prueba testimonial. Las defensas solicitaron que la Fiscalía precise cuántos y cuáles testigos comparecerán cada día, al señalar que el número de comparecientes supera ampliamente lo previsto en la normativa.

El tribunal aceptó el pedido al constatar que la acusación fiscal contempla más de cien testigos y peritos.

Por ello ordenó que la Fiscalía envíe, con al menos 48 horas de anticipación, el listado de los testigos y peritos que presentará diariamente durante el juicio, para garantizar el principio de contradicción y la igualdad de armas entre las partes.

¿Qué sigue en el proceso del caso Triple A?

Mientras se recaban los informes solicitados al SNAI y al Consejo de la Judicatura, el tribunal dejó sin efecto únicamente la audiencia prevista para el 15 de marzo, pero mantuvo vigentes las demás fechas del calendario judicial.

Con ello, el juicio del caso Triple A avanza hacia la fase de práctica de pruebas, en la que la Fiscalía buscará sustentar su teoría sobre la supuesta red de comercialización irregular de combustibles.