Eutanasia en Ecuador enfrenta críticas por la falta de cuidados paliativos en el país

Aunque para algunas voces de la sociedad civil la despenalización de la eutanasia en Ecuador deja “un sabor amargo”, consideran que su aplicación debería darse únicamente cuando se hayan agotado todos los tratamientos disponibles. En paralelo, la Asamblea Nacional avanza en la depuración de la normativa que dará forma a la futura Ley Orgánica de la Eutanasia.

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En esa misma línea, Martha Cecilia Villafuerte, directora nacional de la Fundación Familia Ecuador, cuestionó el origen del proceso y fue enfática en su rechazo a la normativa. 

A su criterio, “esta ley no debería existir”, pues considera que responde a una sentencia que, según dijo, se originó a partir de un caso particular y no de una realidad general del país.

Con esa postura coincide Diego Jimbo, médico y fundador de la organización sin fines de lucro Familias Unidas por las Enfermedades Catastróficas. El especialista señala que cada año, en Ecuador se diagnostican alrededor de 30.000 casos de cáncer y sostuvo que, en la mayoría de las situaciones, los pacientes no quieren morir, sino detener el sufrimiento de la enfermedad.

Por su parte, Edwin Gavilanes relata su propia experiencia como paciente oncológico para dimensionar el debate. Él es director general de la Fundación Ariel Chicho Gavilanes y presidente ejecutivo de la Organización Latinoamericana para Personas con Discapacidad y Enfermedades Huérfanas.

Historias personales con el dolor

Cuenta que en 2023 fue diagnosticado con un cáncer avanzado y, en medio del dolor, aceptó ser inducido al coma, convencido de que no podía seguir resistiendo. Sin embargo, recuerda que en su interior no quería morir, sino encontrar una forma de aliviar el sufrimiento que su cuerpo ya no soportaba.

En ese proceso, recordó una conversación previa al procedimiento con su hijo Ariel (quien también enfrenta una enfermedad grave) marcó un punto de quiebre: “Papá, hasta el día de hoy sigo luchando”. Una frase que, según afirma, se convirtió en el impulso para aferrarse a la vida y que 20 días después lo llevó a despertar. Desde entonces sostiene que su experiencia evidencia que, incluso en escenarios límite, el deseo de vivir puede prevalecer cuando existe acompañamiento y propósito.

Jimbo añade que también es indispensable que el Estado garantice la aplicación efectiva de la Ley Orgánica de Cuidados Paliativos, vigente desde marzo de 2025.

El especialista afirma que de cada 100 pacientes que requieren este tipo de atención, apenas el 3,5 % la recibe, principalmente en centros privados, mientras que en el sistema público el acceso es aún más limitado o prácticamente inexistente para la mayoría, lo que evidencia una brecha crítica en la atención integral del dolor y el acompañamiento al final de la vida.

En esa línea, María Cecilia Villafuerte sostiene que el país no ha fortalecido los cuidados paliativos pese a su relevancia. Afirma que la normativa resulta insuficiente y que persisten fallas estructurales en el sistema de salud, especialmente por la falta de medicamentos y de atención oportuna, lo que advierte que limita las alternativas reales para pacientes con enfermedades graves.

El caso de Noelia en España también repercute

En ese contexto, Gavilanes sostiene que el Estado debe priorizar la defensa de la vida mediante el acceso efectivo a tratamientos, acompañamiento integral y condiciones dignas de atención para los pacientes. 

A esta postura se suma Jimbo, quien menciona que casos como el de Noelia Castillo, de España, evidencian riesgos cuando confluyen múltiples factores de vulnerabilidad, como la pobreza, el abandono familiar y problemas de salud mental; elementos que, según explica, pueden empujar a una persona a considerar la eutanasia no como una elección libre, sino como una salida ante la falta de soporte adecuado.

Aunque mantienen posturas críticas frente al proceso, los tres entrevistados por EXTRA coinciden en que la eutanasia solo debería contemplarse como una opción extrema, una vez que se hayan agotado todos los procedimientos sanitarios disponibles. 

Para ellos, el foco debe estar en garantizar previamente condiciones dignas de atención, acceso a tratamientos y acompañamiento integral, antes de abrir paso a una decisión de este tipo.

Jimbo dice que la normativa tendría que establecer requisitos técnicos estrictos, y que el paciente debe haber sido atendido por un equipo multidisciplinario de cuidados paliativos durante un periodo de, al menos, tres meses, además de contar con un médico tratante especialista en su enfermedad.

Asimismo, señala que debe verificarse un adecuado manejo del dolor y de cuidados paliativos antes de considerar la eutanasia. E incluir la sedación paliativa como alternativa para aliviar el sufrimiento sin acortar la vida.

Villafuerte advierte que aunque se impongan restricciones, estas podrían diluirse con el tiempo. “No sirve de nada poner muchos candados, si después se eliminan”. Y cuestiona que se releguen temas urgentes como el acceso a fármacos, la atención médica oportuna y los cuidados paliativos.