La difusión de un video en redes sociales,en el que se observa a una mujer y dos niños viajando en el maletero de un bus de la cooperativa Trasandina, ha causado indignación y alarma en Riobamba. La escena revela una grave vulneración a los derechos de los menores y a las normas de seguridad del transporte, reavivando el debate sobre los controles al transporte interprovincial que opera fuera de la normativa.

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Desde el pasado 22 de julio entró en vigencia la ordenanza 012-2024, que regula el ingreso y salida de buses interprovinciales cuyo origen o destino no corresponde al cantón Riobamba. Esta medida contempla la aplicación de un sistema de sellaje controlado en las puertas de las unidades, lo que impide su apertura durante el trayecto dentro del cantón.

Uno de los puntos de control se encuentra en el sector de Santa Ana, donde los agentes civiles de tránsito hacen detener a las unidades para el descenso de los pasajeros con destino a Riobamba. Luego, se coloca el sello de seguridad, que solo puede ser retirado en un segundo control ubicado en Calpi. El objetivo: impedir que los buses recojan o dejen pasajeros en paradas informales o terminales clandestinos.

“El sistema de sellaje ya se aplica en otras ciudades del país y ahora se implementa también con las cooperativas que operan en Riobamba. Es una medida equitativa que busca ordenar el transporte y garantizar la seguridad”, señaló el concejal Wandemberg Villamarín, presidente de la Comisión de Movilidad del GAD Municipal.

La unidad captada en el video habría recogido a los pasajeros luego de colocados los sellos, y los habría trasladado en el maletero para evadir los controles. De confirmarse esta versión, la infracción se agravaría.

Los agentes civiles de tránsito tienen la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las rutas y la integridad de los sellos. En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones de acuerdo con la gravedad de la infracción, según establece la normativa vigente.

“La vida de los pasajeros no puede valer unos cuantos dólares”, expresó con indignación Vicente Lema, transportista riobambeño. “Imagínese poner en riesgo a niños, exponerlos al calor, a la falta de oxígeno o incluso a gases tóxicos. Todo por ahorrarse unos minutos o evitar el terminal autorizado”.

Transportar personas en estas condiciones constituye una infracción grave, contemplada en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Este medio solicitó una respuesta oficial a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en Chimborazo. María Laura Machado, directora provincial, confirmó que se abrió un expediente sancionador:

“No permitiremos estos abusos. Estamos para garantizar la seguridad, protección y derechos de los usuarios”, enfatizó.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a no exponerse y a denunciar cualquier irregularidad en el servicio de transporte.

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