Carlos Jhonny M. P. y Andy Yair A. N. fueron sentenciados a 34 años y 8 meses de prisión por el asesinato de Jorge Maldonado, alcalde del cantón Portovelo. La resolución fue emitida por el Tribunal de Garantías Penales de El Oro, tras el análisis de las pruebas presentadas por la Fiscalía.

LEE TAMBIÉN: Macabro hallazgo: joven con discapacidad es baleado y colgado en puente de Salinas

Entre los elementos más contundentes estuvo un video hallado en el celular de uno de los implicados, donde se observa el momento exacto del ataque, según informó la Fiscalía.

El crimen ocurrió la mañana del viernes 19 de abril de 2024, cuando el alcalde salió en su vehículo desde su residencia en la avenida El Artesano, con rumbo a cumplir su jornada de trabajo. Durante el trayecto, realizó una parada en una tienda de la ciudadela El Oro, lugar al que solía acudir para saludar a colaboradores.

En ese momento, dos sujetos en motocicleta se aproximaron. El acompañante sacó un arma y disparó tres veces directo a la cabeza del funcionario.

Tras el ataque, los sicarios huyeron. Maldonado fue trasladado por sus familiares a un centro de salud, donde se confirmó su fallecimiento. La noticia causó conmoción en la localidad, siendo catalogada como un atentado contra la institucionalidad del cantón.

La clave: los videos

Días después, la Policía y la Fiscalía iniciaron una exhaustiva investigación. El 7 de junio de 2024, los dos sospechosos fueron capturados en Guayaquil, gracias a una orden de detención vigente que garantizaba su presentación ante la justicia.

Durante la audiencia de juicio, el fiscal presentó testimonios, peritajes de audio y video, análisis telefónicos, reconocimientos del lugar del crimen y pruebas de identidad. Además, imágenes de cámaras de seguridad y datos recabados mediante la línea 1-800 DELITO permitieron identificar plenamente al autor material del asesinato.

Minería ilegal: el trasfondo

La principal hipótesis de la Fiscalía es que Jorge Maldonado fue asesinado por negarse a colaborar con bandas delictivas vinculadas a la minería ilegal que operan en la zona. Esta negativa lo habría convertido en blanco de grupos criminales que buscan controlar ese territorio.

El Tribunal dictó sentencia por el delito de asesinato con agravantes, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además de la pena privativa de libertad, los sentenciados deberán pagar una multa de 1.000 salarios básicos unificados cada uno, y entregar una reparación económica de 30.000 dólares a la familia del alcalde.

Para contenido exclusivo: SUSCRÍBETE AQUÍ