La tranquilidad de la parroquia Palo Quemado, de mil habitantes, se ha visto alterada en las últimas semanas debido al desarrollo de la consulta ambiental del proyecto minero La Plata, el cual cubre una extensión de 2.222 hectáreas bajo el régimen de mediana minería.

El pasado jueves 21 de marzo, un equipo de la Defensoría del Pueblo, liderado por Romel Tupiza, delegado provincial de la entidad, llegó a la parroquia con el objetivo de recopilar información para evaluar el proceso de la consulta ambiental.

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Al ingresar a Palo Quemado, en Cotopaxi, se observaron vallas a un costado de la vía y un ambiente de tensa calma en el centro de la parroquia, con presencia policial visible en las inmediaciones. Bajo una cubierta azul y resguardados por un amplio contingente policial, alrededor de 40 personas participaban en la consulta ambiental para informarse sobre el proyecto minero.

Funcionarios del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) explicaron que se trata de un proyecto de extracción minera subterránea, descartando así posibles contaminaciones de fuentes hídricas.

Mientras tanto, en el recinto La Florida, ubicado a unos 10 kilómetros de distancia de Palo Quemado, se observaron controles policiales y militares para evitar el acceso a personas ajenas a la zona.

Las dos camionetas que fueron incineradas el pasado martes 19 de marzo aún yacen en la vía, recordando los eventos violentos de este día. Durante el recorrido por la zona, se pasó por un área donde la vegetación no había vuelto a crecer después de una actividad minera realizada hace 50 años.

Las denuncias de amenazas de muerte han sido una constante en ambos bandos, tanto de quienes apoyan como de quienes se oponen al proyecto minero.

Romel Tupiza, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo, señaló la importancia de garantizar los derechos de la población en temas como salud, educación y acceso al agua, y anunció que se elaborará un informe sobre la situación en la parroquia.

Por otro lado, Lourdes Tiban, prefecta de Cotopaxi, expresó su sorpresa ante el despliegue de fuerzas policiales y militares en la zona. Dijo que por los hechos suscitados a nivel nacional e internacional se conoce que en la provincia existen parroquias llamadas Palo Quemado y Las Pampas.

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Fernando Mora, presidente de la comunidad Minas de la Plata en Palo Quemado, defendió la ejecución del proyecto minero como una oportunidad de desarrollo comunitario.

En contraposición, Elizabeth Herrera, habitante del recinto La Florida, argumentó estar en contra del proyecto minero basándose en la falta de regeneración de la vegetación tras una actividad minera anterior. También relató incidentes de represión por parte de las autoridades durante protestas pacíficas.

En cuanto a la seguridad en la zona, el coronel Hugo Arroyo, comandante de Policía en Cotopaxi, informó que se mantendrá un despliegue de 200 policías para garantizar la seguridad durante las actividades de socialización del proyecto minero.

Destacó que, a pesar de algunos incidentes de violencia, la situación se encuentra bajo control y se están recuperando dos policías heridos en los enfrentamientos.

La parroquia Palo Quemado se encuentra dividida entre quienes apoyan y quienes se oponen al proyecto minero La Plata, generando tensiones y conflictos en la comunidad. La consulta ambiental en curso es clave en el proceso, mientras que la seguridad de los involucrados es una prioridad para las autoridades locales. Los próximos días serán determinantes en el desenlace de esta situación.

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