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Cuatro extranjeros están en el grupo de sospechosos detenidos.FC / EXTRA

Desarticulada red de extorsión en El Oro: El destino del dinero de 'vacunas'

Agentes intervinieron en 30 inmuebles en la ciudades de Machala, Huaquillas, Pasaje y Santa Rosa

“Deposite ya o mañana su negocio amanece en escombros”. Con mensajes así, una organización criminal asentada en Machala, provincia de El Oro, sometía desde hace meses a comerciantes orenses.

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Las cuotas, de entre 2.000 y 10.000 dólares, terminaban, en su mayoría, en bancos venezolanos, según se reveló en el operativo Frontera  Segura 10 de la Policía Nacional. “El rastro nos llevó a cuentas en Venezuela abiertas a nombre de parientes de los cabecillas”, explicó el coronel William Calle, comandante de la Zona 7.

Durante la madrugada y mañana de este jueves 19 de junio de 2025, unos 250 agentes irrumpieron en 30 inmuebles, en las ciudades de Machala, Huaquillas, Pasaje y Santa Rosa, rastreando los presuntos extorsionadores.

En las intervenciones, los policías hallaron dos fusiles, cuatro pistolas 9 mm, 300 municiones, tacos de dinamita y motos robadas. También 10 celulares con chats que detallan cobros y nombres de víctimas de las amenazas.

Entre los capturados hay trece ecuatorianos, tres venezolanos y un colombiano. La Policía les atribuye funciones de “cobradores”, “intimidadores”, “informáticos” y “de transporte”.

Modalidad con la que actuaban los sospechosos

Según la policía, los sujetos primero enviaban notas de voz por WhatsApp presentándose como “Gente de la zona”. Si la víctima dudaba, le llegaba un sobre con una bala y un número de teléfono para que se contacte. 

El tercer paso era un ataque selectivo: disparos a la fachada o una pequeña carga de dinamita en la puerta. Para aquellos que cedían, ofrecían dos vías de pago: entrega en efectivo a un motorizado encapuchado o giro internacional. La Policía rastreó transferencias superiores a USD 3 000 realizadas entre marzo y mayo.

Otra modalidad era suplantar a los gestores del bono de desarrollo humano. Pedían datos bancarios para luego exigir “gastos de gestión” bajo amenaza. Quienes se negaban recibían videos con explosiones.

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