El 8 de junio, cuando las velas de su pastel debieron iluminar su rostro por cumplir 17 años, Cris fue sepultado en una tumba del cementerio de Atacames, en la provincia de Esmeraldas.

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Ese día que debió estar lleno de alegría, su familia lo lloraba. El adolescente, de sueños nobles y manos callosas por el trabajo, fue enterrado junto a su mayor anhelo: convertirse en policía y servir a su comunidad.

El menor de edad fue atacado el 26 de mayo de 2025, a la entrada de su colegio. Un compañero de aula le arrebató el teléfono celular que él había comprado con esfuerzo, pagando cinco dólares por semana, con lo que ganaba vendiendo pescado y frutas.

El compañero le propinó una puñalada, afectando su riñón, llenando sus pulmones de agua, dañando su hígado y haciendo que la sangre llegara a su cerebro. Tras dos días consciente, en los que aún podía escuchar las voces de su madre y su tía susurrándole que todo estaría bien, el estudiante cayó en un estado de muerte cerebral y no volvió a responder.

“Si me lo pedían, yo daba la vida por mi hijo”, gritaba entre sollozos su madre, durante el entierro. La imagen de la mujer embarazada, destrozada por el dolor al despedirse de su hijo varón, quedó grabada en la memoria de los presentes.

Sepultado con sus anhelos

Cada paso hacia la tumba la acercaba a la desesperanza total. Cada puñado de tierra sobre el ataúd, una herida más para quienes lo amaron.

Compañeros de aula, directivos del colegio y vecinos acompañaron el cortejo. “Hechos así nunca se habían visto en Atacames. Que un estudiante mate a otro por un teléfono… Esto nos cambió para siempre”, dijo entre lágrimas una madre de familia.

El adolescente soñaba con ponerse un uniforme y cuidar su barrio, ayudar a su madre, ser el orgullo de su padre pescador. “Siempre decía que quería proteger a los demás,” recordó su tía, quien añadió: “Él mismo necesitó protección y no la tuvo”.

La comunidad está conmocionada

El agresor fue aprehendido y, durante una audiencia, un juez de menores le dictó aislamiento preventivo. Las autoridades del colegio han mostrado solidaridad. La Dirección Distrital de Educación ha acompañado el proceso.

La comunidad exige medidas concretas: protocolos de seguridad, atención psicosocial en las escuelas, prevención de la violencia entre adolescentes.

Atacames exige justicia y que este crimen no sea abordado como un simple acto impulsivo o una travesura de adolescentes, sino como lo que fue: el asesinato de alguien con futuro.

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