El silencio en los matorrales de Emilio Terán, en Píllaro, fue roto por un lamento que no parecía humano. Una vecina descubrió este 10 de mayo el primer cuerpo: un perro mestizo, con espuma en el hocico, sin señales visibles de violencia. Aparecieron cinco en total.

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“Hay gente sin corazón que los abandona o simplemente los mata. Es inhumano”, dice entre lágrimas Mayra Álvarez, vecina del sector, quien acostumbra dejar agua y comida en la vereda para los perritos callejeros.

Gustavo Jácome, otro residente del cantón, observa con impotencia: “Sí hay muchos perros que deambulan, pero eso no justifica que los maten así… envenenados o maltratados, como ya ha pasado antes”.

En Ambato también se investiga

A más de 30 kilómetros de allí, en el barrio La Joya, al sur de Ambato, al menos seis perros —varios de ellos cachorros— también fueron hallados sin vida. Esta vez fueron los propios vecinos quienes alertaron a la Fundación Paquito y a colectivos animalistas.

“No es casualidad. Esto fue envenenamiento. Alguien los mató con toda la intención”, aseguró Sandra Ojeda, directora de la Fundación.

Estos hechos ocurrieron pocos días después de que el Concejo Municipal de Ambato aprobara la Ordenanza de Fauna Urbana, que establece sanciones para quienes maltraten o abandonen animales. Sin embargo, muchos sienten que la normativa llegó tarde o que, por sí sola, no basta.

La ordenanza contempla sanciones proporcionales al tipo de infracción: las leves implican 20 horas de trabajo comunitario; las graves, el 10% del salario básico (47 dólares) o 30 horas de servicio; y las muy graves, el 20% del sueldo (94 dólares) o hasta 40 horas de trabajo comunitario. “La ley existe, pero esperemos que de verdad se aplique”, exige Ojeda con firmeza.

Un delito también penalizado en Tungurahua

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con hasta un año de prisión a quien mate a un animal de fauna urbana, sobre todo si se utilizan métodos crueles o sustancias tóxicas.

“Pero, ¿cuántos casos llegan realmente a juicio?”, se pregunta Ojeda, visiblemente afectada.

Mientras tanto, los vecinos de La Joya cavaron con sus propias manos tumbas improvisadas para enterrar a los perros. Lo hicieron en silencio. Algunos con lágrimas; otros, con rabia contenida. No era solo tristeza: era también la amarga sensación de impotencia ante la violencia que sufren los que no tienen voz.

La comunidad exige respuestas. No solo por ellos, sino por todos los que aún caminan las calles sin saber que ese plato de comida podría ser, sin saberlo, su última cena.

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