Desde las 15:08 del miércoles 20 de agosto de 2025, en la plaza de la comunidad Planchaloma, parroquia Toacaso, se instaló la tercera asamblea comunitaria relacionada con la retención de tres policías ocurrida el lunes 18 de agosto en San Ignacio. Según los comuneros, los agentes realizaban un seguimiento al presidente de la Conaie, Leónidas Iza.

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Los uniformados fueron identificados como Carlos Uvidia, Bryan Díaz y Kevin Guamán. Según un comunicado oficial de la Fiscalía General del Estado, difundido el 19 de agosto, los tres cumplían labores de inteligencia en territorio indígena.

Asamblea comunitaria

Durante la asamblea, los dirigentes comunitarios enfatizaron que en ningún momento se trató de un secuestro. Afirmaron que los policías llegaron voluntariamente al territorio y rechazaron la denuncia interpuesta por la Policía Nacional por este hecho.

En la reunión participaron delegados de la Cruz Roja, representantes de Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo y observadores de organizaciones sociales.

Rafael Negrete, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), aseguró que la retención se produjo tras confirmar que los agentes realizaban seguimientos irregulares a líderes indígenas. “Nosotros no hemos cometido ningún acto de tortura ni maltrato. Los compañeros están bien alimentados, han dormido en condiciones adecuadas y sus derechos han sido respetados”, manifestó.

Declaraciones de los policías

La comisión investigadora comunitaria mostró evidencias encontradas en poder de los policías, entre ellas una credencial de prensa presuntamente utilizada para infiltrarse en actividades del movimiento indígena.

Los asistentes se sorprendieron cuando los policías confirmaron que utilizaban el seudónimo “Cuy” para referirse a la operación de seguimiento contra Iza. Según su testimonio, la disposición les fue dada el viernes 16 de agosto.

Los tres agentes confirmaron que no fueron víctimas de agresiones físicas ni psicológicas y que recibieron alimentación diaria durante su permanencia en San Ignacio. También admitieron que existía la sospecha de un posible atentado contra Iza, lo que motivó parte de su trabajo de inteligencia.

Al cierre de la asamblea, la comunidad de San Ignacio adoptó varias resoluciones:

• Exigir disculpas públicas a Leónidas Iza y a los dirigentes de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi (Unocan). 
• Solicitar a la Conaie una denuncia enérgica contra la persecución a sus líderes. Mantener las evidencias bajo cadena de custodia para investigaciones posteriores. 
• Prohibir la entrada a los territorios comunitarios, por un período de 10 años, a los policías involucrados.

Mientras tanto, la audiencia de habeas corpus, presentada para exigir la liberación de los agentes, quedó suspendida hasta que se realicen valoraciones médicas y psicológicas.

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